La Consejería de Sanidad cifra en unos 5.000 los inmigrantes irregulares que perdieron la tarjeta sanitaria fruto de la reforma de 2012 y que, por tanto, podrían recuperar ahora el acceso a la asistencia. «Estamos trabajando para actualizar esta información», explican fuentes de Sanidad. El número final de ‘sin papeles’ beneficiarios de la medida dependerá de los requisitos que se exijan. Ni la Consejería ni el Ministerio han aclarado todavía cuántos meses de empadronamiento previo serán necesarios para recuperar la cobertura sanitaria. Tras la reforma de 2012, solo mantuvieron su derecho a una asistencia normalizada en la Región 3.540 irregulares diagnosticados de enfermedades crónicas, así como los menores de 18 años y las embarazadas.

La consejera de Sanidad, Encarna Guillén, mantuvo el lunes y el martes reuniones de trabajo con los responsables del Servicio Murciano de Salud para perfilar la medida, y ayer informó de los pormenores al Consejo de Gobierno. La consejera acudirá la próxima semana al Consejo Interterritorial de Salud, donde el ministro, Alfonso Alonso, propondrá la creación de un documento específico para los inmigrantes irregulares que les permita acceder a Atención Primaria. No recuperarán por tanto la tarjeta sanitaria, y el ministro no ha aclarado si la cobertura incluirá la atención hospitalaria y la financiación de las recetas. Los ‘sin papeles’ tendrán que apuntarse en un registro, algo criticado por la Sociedad Española de Medicina Familiar (Semfyc) y por las ONG, que entienden que podría disuadir a los inmigrantes por miedo a ser fichados.

La consejera, Encarna Guillén, anunció el pasado viernes que los ‘sin papeles’ tendrán «asistencia completa en Primaria y en atención hospitalaria lo antes posible», pero desde entonces no ha vuelto a manifestarse al respecto, y la Consejería tampoco ha ofrecido más información, aunque sí ha aclarado que su postura pasa por la creación de un documento específico y no por la recuperación de la tarjeta sanitaria, que es lo que piden las comunidades gobernadas por el PSOE.

«Murcia apoyará tomar las medidas necesarias para que no haya casos aislados de personas sin asistencia sanitaria completa, y a la vez poder cumplir con las normas internacionales de facturación. Conviene recordar que el Tribunal de Cuentas, en su informe de 2011 sobre estas cuestiones, llamó la atención sobre casi 1.000 millones de euros que no se habían cobrado adecuadamente debido a usos inadecuados relacionados con la titularidad de la tarjeta sanitaria y su utilización en España y fuera de España», señalan desde la Consejería.

Pero ni la Consejería ni el Ministerio han sido capaces, desde la aprobación de la reforma sanitaria en 2012, de demostrar con datos que la exclusión de miles de ‘sin papeles’ del sistema ha supuesto un ahorro para las arcas públicas. Tampoco hay cálculos del coste que supone la atención a los cerca de 5.000 ‘sin papeles’ a los que ahora se les atiende solo en urgencias.