Andalucía fue la primera comunidad en rebelarse contra el decreto estatal de 2012 que dejaba fuera de la atención sanitaria universal pública a los inmigrantes sin residencia legal en España y sin recursos económicos para pagarse un médico. Desde entonces hasta ahora el Servicio Andaluz de Salud (SAS) atendió a 110.000 ‘sin papeles’ en Andalucía desoyendo las recriminaciones del ejecutivo nacional y amparándose en sus competencias en materia sanitaria. En la actualidad son 27.000 los inmigrantes con documento sanitario temporal, según fuentes de la Consejería de Salud y Consumo.

La cifra ha disminuido en los últimos años a la par que aminoraba la población inmigrante en Andalucía. Aún así, siete de cada cien andaluces nacidos en hospitales públicos son hijos de inmigrantes sin regularizar. Según la Junta, es falso que la atención grave la sanidad pública. La frecuentación a los centros de salud y hospitales solo representa el 0,6% de las consultas totales y el 2,3% de las urgencias.

El vuelco del mapa político del 24 de mayo ha propiciado que comunidades antes gobernadas por el PP (Valencia, Baleares, Aragón, Castilla la Mancha, Extremadura y Cantabria) hayan decidido desobedecer el decreto de 2012 y prestar atención a los irregulares; Y también comunidades con presidentes populares como Madrid, y antes Galicia.

Ante este panorama, el Ministerio de Sanidad ha dado el paso de restablecer la atención sanitaria a este colectivo, para lo que ha convocado para el próximo 2 de septiembre el Consejo Interterritorial de Salud. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, propondrá a las comunidades autónomas crear un registro nacional de inmigrantes en situación irregular y facilitar un documento distinto a la tarjeta sanitaria para que el colectivo pueda acudir a la consulta del médico de atención primaria.

El Gobierno andaluz se opone a la creación del registro. El consejero de Salud, Aquilino Alonso, considera que una base de datos clínicos específica sobre inmigrantes irregulares sometería a estos a más «discriminaciones o segregaciones». Alerta de que provocaría un efecto disuasorio, ya que, recueda, se trata de personas en situación irregular según la Ley de Extranjería.

El consejero, según un comunicado, defiende que la información clínica de los pacientes indocumentados sea tratada igual que la del resto de la población española.

Aboga por «una sanidad pública universal, con el mismo acceso y los mismos derechos para toda la población tal como viene prestando la comunidad andaluza desde 1999». Alonso insta al ministro a retirar el decreto ley de 2012 con la reforma sanitaria que excluía a los inmigrantes y obligaba a pasarles factura si eran atendidos en centros públicos.

La entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, justificó la medida para combatir el ‘turismo sanitario’, pues muchos extrajeros en cuyos países carecen de un sistema público como el español acudían para ser operados de manera gratuita. La medida no hace ninguna salvedad con los inmigrantes sin recursos económicos para pagar las facturas, aunque lleven años en España.

Andalucía tiene establecido un sistema mediante el cual se entrega un documento de reconocimiento temporal con nombres y apellidos, pero distinto a la tarjeta sanitaria de los usuarios nacionales o inmigrantes con permiso de residencia. Es la única diferencia. Una vez el paciente entra en el sistema sanitario, ya no hay distinciones. Recibe las mismas prestaciones que el resto de usuarios andaluces.

Este documento, que se emite en los distritos de atención primaria y permite un seguimiento de su estado de salud, es fruto de diversos convenios con ONG y asociaciones.