Canarias, igual que la mayoría de comunidades, dio ayer un no tajante a la propuesta del Ministerio de Sanidad de crear un registro de inmigrantes irregulares para que puedan recibir atención sanitaria. El Gobierno canario se niega a que haya usuarios de primera y de segunda y las ONG dicen que la idea «raya la xenofobia».

La práctica totalidad de las comunidades autónomas han rechazado la propuesta del ministro del Sanidad, Alfonso Alonso, de crear un registro de inmigrantes en situación administrativa irregular como pase previo a la expedición de un documento, distinto a la tarjeta sanitaria, que certifique que pueden recibir atención primaria. También el Gobierno de Canarias dio ayer un no tajante al planteamiento del ministro porque «aumentaría la desigualdad» entre los usuarios del sistema, dijo ayer el director general de Salud Pública, Ricardo Redondas.

«En Canarias no habrá usuarios de primera y de segunda» porque aquí, agregó Redondas, «el derecho a la salud está por delante de la vía administrativa». En este sentido, quiso dejar claro que «a los inmigrantes se les dará tarjeta sanitaria y tendrán acceso a la sanidad pública en condiciones de igualdad».

La Consejería de Sanidad ya ha remitido a distintos colectivos implicados en la defensa del derecho universal a la sanidad un borrador con la propuesta para devolver la tarjeta sanitaria a los migrantes sin permiso de residencia y ahora espera a que éstos hagan sus aportaciones para poder sacar «cuanto antes» la orden que lo materialice y que será, indicó ayer Ricardo Redondas, «el primer paso de una gran línea de trabajo para que el derecho a la salud llegue a todos en Canarias».

A juicio del director general de Salud Pública es más complicado y generaría más costes crear un «registro paralelo» como el que propone el Ministerio, destinado a un colectivo concreto de población, que normalizar la atención sanitaria a los inmigrantes, algo que considera «más fácil, barato y eficiente».

Colectivos vinculados a la defensa de los inmigrantes y de la sanidad universal, médicos, toda la oposición  y hasta Facua – Consumidores en Acción calificaron la propuesta del Gobierno del PP «chapuza» y de ser «irresponsable e insolidaria», además de considerarla «xenófoba e impropia de un sistema democrático».

Redondas dice que el debate que hay que abrir es el de la derogación del real decreto que acabó con la sanidad universal, «que se dejen de buscar alternativas y que el Ministerio reconozca que se equivocó».