El Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea ordenó detener temporalmente la repatriación de los inmigrantes indocumentados, una operación considerada ilegal por organizaciones de derechos humanos, informan hoy los medios locales.

El abogado Ben Lomai, que representa a unos 300 solicitantes de asilo, declaró a Radio New Zealand que mañana volverá al Supremo para intentar que la orden emitida anoche sea permanente y defender que la detención de sus clientes es inconstitucional.

Lomai explicó que las personas retenidas en el centro de detención de la isla de Manus, en el norte de Papúa Nueva Guinea, están allí “en contra de su voluntad”.

La orden emitida por el Tribunal Supremo papuano surge después de que dos iraníes que estaban en Manus fuesen repatriados contra su voluntad la semana pasada.

Australia abrió la década pasada el centro de detención en la isla de Manus, perteneciente a la provincia del mismo nombre, mediante un acuerdo con el Gobierno papú para internar allí a todos los extranjeros sin documentos que interceptase en alta mar.

La instalación fue cerrada, así como otra similar en Nauru, en 2008, y se reabrió el 22 de noviembre de 2012.

Desde entonces, los varios cientos de indocumentados retenidos en el centro de Manus han protagonizado protestas y huelgas para denunciar su situación.

En 2014, hubo un motín, en el que murió el iraní Reza Barati, provocado por la lentitud en la tramitación de las solicitudes de asilo y futuro incierto que les aguardaba.

El pasado enero, los detenidos en Manus protagonizaron una huelga de hambre de varios días en contra de la política del Gobierno de Australia de reubicarlos en Papúa Nueva Guinea, Nauru o Camboya si se les concedía la condición de refugiados.

Muchos de los inmigrantes que viajan a Australia huyen de conflictos como los existentes en Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria.

Otros escapan de la discriminación o de la condición de apátridas, como la minoría rohinya en Birmania (Myanmar) o la bidun en Kuwait.