Cuatro días después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegurara que el Ejecutivo está trabajando en el diseño de un modelo único de atención sanitaria para los inmigrantes irregulares, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, arrojó un poco más de luz sobre la estrategia que piensan seguir los populares.

Según adelantó ayer en un encuentro con la prensa en los pasillos del Congreso, Sanidad propondrá a las comunidades autónomas la creación de un registro nacional de inmigrantes sin papeles que facilite la concesión de «un documento» con el que obtener asistencia sanitaria. «En ningún caso», subrayó el ministro, el citado documento «puede ser una tarjeta sanitaria».

Alonso señaló que la intención del Ministerio es «armonizar» la atención sanitaria dada a las personas en situación irregular, por lo que convocará a las comunidades autónomas a la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial de Salud el próximo 2 de septiembre «para seguir trabajando en un consenso en base al acuerdo que ya se ha trabajado y en el que se avanzó mucho con los anteriores consejeros».

En concreto, la propuesta contempla varios pasos: en primer lugar, que las personas sin papeles acrediten una situación de empadronamiento para que los servicios sociales acrediten su situación. A partir de ahí, «formarán parte de un registro y podrán obtener un documento con el cual puede recibir asistencia» a través de atención primaria. Alonso insistió en que el objetivo de la iniciativa es evitar la situación de antes de 2012 que «abrió la puerta a un turismo sanitario» y a «cierto descontrol».

Para Manuel Espinel, portavoz de la ONG Médicos del Mundo, una de las que más activamente ha denunciado la exclusión sanitaria provocada por el Real Decreto 16/2012, la propuesta de Alonso no es válida «porque la titularidad del derecho a la sanidad se expresa en la tarjeta sanitaria. Si no, siempre estaremos hablando de una sanidad de primera y otra de segunda o de tercera».

De cualquier forma, Espinel considera «difícil que se llegue a un acuerdo con todas las comunidades autónomas». Aunque comunidades como Madrid han anunciado que volverá a dar asistencia sanitaria a los inmigrantes indocumentados a través de un modelo que se asemeja al que propone Alonso; otras, como Andalucía o el Principado de Asturias, llevan años reconociendo un acceso universal a la sanidad de estas personas, independientemente de su situación y sin crear un documento específico.

«El Tribunal Constitucional ha señalado que se trata de una competencia autonómica, por lo que no creo que determinadas comunidades vayan a dar marcha atrás, y menos aún en un momento preelectoral», señala Espinel, quien subraya que las premisas de las que parte Sanidad son erróneas. «No se puede hablar de evitar el turismo sanitario o de conseguir un ahorro con esta propuesta porque todos los estudios que se han hecho han demostrado que la población inmigrante usa poco los servicios de salud y tampoco hay evidencias de que exista un abuso en el exterior de las tarjetas sanitarias», añade. Con anuncios como este, continúa, «volvemos a la retórica de echarle la culpa al inmigrante, a poner el foco en estas personas a las que se les ha quitado un derecho», subraya.

Para Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, el Gobierno propone este tipo de acciones «porque no puede decir públicamente que la exclusión de este colectivo hace tres años fue una barbaridad».

Sánchez Bayle emplaza al Gobierno a aclarar en qué consiste la iniciativa propuesta, de la que aún no se conocen detalles, ya que, en su opinión, «la clave del asunto es saber claramente si esa tarjeta da acceso a todas las prestaciones que establece el Sistema Nacional de Salud o no».