«Nos echaron como ratas a la calle, podrido está Maduro porque nosotros sólo trabajamos». Las quejas de los colombianos por el mal trato que recibieron de la Guardia Nacional venezolana, y los insultos del presidente chavista, se multiplicaban a medida que avanzaba la deportación forzosa de cientos de ellos. Continuaba, además, el cierre de la frontera entre el departamento de Norte de Santander, Colombia, y el estado de Táchira, Venezuela, decretado por Maduro por tiempo indefinido.

Hoy está programada la reunión entre los ministros de Exteriores de ambas naciones para buscar una salida a la crisis diplomática. La mayoría de los expulsados vivía en barrios de invasión de la localidad venezolana de San Antonio, población fronteriza con Cúcuta, capital de Norte de Santander. No saben qué será de sus vidas, si podrán regresar o si Maduro continuará su política de expulsar colombianos de la República Bolivariana que antes les abría sus puertas.

Lo que parecía una rabieta pasajera del caudillo venezolano, encaminada a desviar la atención de sus compatriotas, agobiados por la escasez de productos básicos, está poniendo en aprietos al presidente Juan Manuel Santos, que prefiere ignorar los desplantes ocasionales de su vecino y mantener los lazos. El eje de su mandato es el proceso de paz de La Habana y Venezuela es país santuario de las FARC.

Pero las amenazas y diatribas de Maduro, los gritos desesperados de los que son expulsados y la proximidad de las elecciones locales de octubre, le obligan a mover ficha para aplacar las iras de sus conciudadanos y aliviar la situación de los damnificados.

«Es a través de la cooperación y no de la confrontación como lograremos de manera conjunta combatir con éxito fenómenos como el contrabando… y las bandas criminales que operan en la frontera», rezaba un comunicado emitido por los ministros de Interior y Exteriores que envió a Cúcuta. «La agresividad que oímos de lado y lado no ayuda para nada, así como no se entiende que se pretendan sacar beneficios políticos de una lamentable situación de nuestros compatriotas». Esta última frase no iba dirigida, como cabría suponer, a Nicolás Maduro, que en diciembre acude a las urnas con un índice de popularidad que no supera el 25%, sino a Álvaro Uribe. El único opositor que hace mella en Casa Nariño viajó a la zona y habló con los deportados. Al ex presidente y hoy senador, a quien Maduro acusa de instigar sucesivos golpes de estado contra él, le viene bien la crisis y el lenguaje diplomático del Gobierno Santos. Alimenta su política de mano de hierro contra el chavismo, muy bien recibida por su electorado. Tampoco puede ocultar sus intereses políticos el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, cucuteño de cuna.

Al margen de motivaciones electorales, subyace una compleja problemática social y económica. «Los productos subsidiados que importa Venezuela los pasan a Colombia las bandas delincuenciales con complicidad de la Guardia Nacional, porque los cupos sólo los tienen altos cargos estatales. Se calcula que al contrabando va el 35% de los productos alimenticios subsidiados y la gasolina», asegura a EL MUNDO el analista cucuteño Rubén Darío Eslava. La diferencia de precio del combustible es abismal. Mientras en Venezuela, donde residen unos tres millones de colombianos, llenan un depósito de un todoterreno con 20 mil pesos (5,7 euros), en Colombia necesitan 100.000 pesos (28,5 euros).

En Cúcuta corría ayer la noticia de que el asesinato de los dos suboficiales venezolanos, origen de la crisis, no fue perpetrado por paramilitares de Colombia, como acusó Maduro. Serían policías venezolanos para evitar que los fallecidos investigaran su papel en el contrabando.