Cada mañana aprendemos el nombre de pueblos alemanes en los que la noche anterior han incendiado un albergue de refugiados. El Gobierno recuenta 202 ataques hasta julio. En las calles vuelve a escucharse «Heil Hitler» y los mensajes de tolerancia de los grandes partidos son respondidos con amenazas. Incluso el poder de Merkel se ha topado con la extrema derecha. Ayer visitó Marxloh, un hostil barrio de Duisburg, donde pretendía predicar convivencia pero fue abucheada por primera vez en su historia.

Autobuses cargados de refugiados que llegan a instalarse en pequeñas poblaciones del este de Alemania, familias numerosas de afganos, eritreos o gitanos deambulando en los barrios de clase media de las capitales de provincia, titulares en los periódicos acerca de los 10.000 millones de euros que costará a las arcas públicas hacerse cargo de los recién llegados… Este es el contexto en el que ha despertado, rugiendo, el monstruo del racismo en Alemania, que ha devuelto a las calles gritos como «Heil Hitler» o «Fuera de Alemania», largamente desterrados del discurso público en este país. De enero a julio, el Ministerio del Interior alemán ha contabilizado un total de 202 ataques a estos albergues, cifra que dobla la de todo el año 2014.

En estas últimas semanas la cadencia de sucesos se ha intensificado y la media de agosto, por ahora, se sitúa en los dos ataques diarios. A menudo se trata de piedras o explosivos caseros arrojados contra los albergues y en varios casos han sido completamente incendiadas las instalaciones. «Lo que estamos viendo es el resultado de varias décadas de fracaso en políticas de integración», explica el padre Christian Wolff, sacerdote que lleva 20 años trabajando con refugiados desde la parroquia de Santo Tomás en Leipzig y al que no parece asombrar esta ola de violencia.

«Me recuerda el repunte de la extrema derecha de los primeros 90, cuando la guerra de Yugoslavia hizo llegar muchos refugiados huyendo de la violencia de los Balcanes», dice echando la vista atrás, «pero sin duda estamos ante la peor ola de racismo desde la reunificación». Sobre las causas de este sarpullido sociológico, Wolff señala que «hay un serio problema de educación sobre lo que realmente significa la democracia y el Estado de Derecho, lo que significa la responsabilidad ciudadana. Y también hay una responsabilidad política. Las visitas a los albergues de refugiados por parte de los dirigentes deberían haber empezado hace muchos meses, cuando en las manifestaciones de Pegida se comenzó a escuchar consignas de ‘extranjeros fuera’ y los partidos decidieron hacer como si no pasase nada creyendo que por no dar visibilidad a ese fenómeno acabaría extinguiéndose en el tiempo», lamenta Wolff.

La llama racista del grupo Pegida ha prendido con suficiente fuerza en la sociedad alemana como para que las manifestaciones abiertas de odio a los extranjeros se hayan hecho un hueco en el espacio público.

Cada mañana el país se levanta pendiente del parte policial en el que se da cuenta de los ataques a diferentes centros de refugiados y que a diario es salpicado con incidentes como el que conocíamos ayer, el repugnante ataque a una familia en el tranvía de Berlín, en el que dos hombres ya identificados orinaron sobre dos niños de cinco y quince años. Dado que los afectados no presentaron cargos, no ha sido posible más sanción que la prohibición por parte de la empresa Deutsche Bahn de volver a utilizar este medio de transporte.

Y quizá nunca aparezca Katrin Kalil, una niña siria de 13 años que viajaba con su tío en tren y desapareció sin dejar rastro cuando se ausentó para ir al baño a la altura de Passau, camino de Chemnitz, poco después de que varios jóvenes increpasen con insultos al grupo de refugiados.

Su tío no tiene documentación en regla y, por miedo a ser detenido, ha tardado cinco días en acudir a la policía. Katrin Kalil habla kurdo y árabe, lleva al cuello una cruz cristiana y en el momento de su desaparición vestía una camiseta verde y una mochila negra con letras en inglés: «Yo amo la vida».

En contraste con el terrorífico día a día en los albergues provisionales de refugiados, donde reina el miedo y la incertidumbre, las autoridades alemanas despliegan generosas medidas tanto en lo económico como en lo legal. Incluso la Oficina Federal de Migración y Refugiados ha suspendido el Protocolo de Dublín, que data de 1990 y que obligaba a los refugiados a solicitar asilo en el primer país europeo en el que pusieran el pie. Todos los partidos políticos, por lo demás, se esfuerzan por cultivar la «cultura de bienvenida».

La canciller Merkel, que hoy visita Heidenau, donde se registraron graves disturbios xenófobos el fin de semana, ha calificado de «repugnantes» e «indignos de nuestro país» los ataques racistas. El vicecanciller Gabriel también ha visitado el albergue de Heidenau, donde un grupo de unos 200 manifestantes convocados por el partido de extrema derecha NPD hirió a más de 30 policías en su empeño por erradicar de la localidad un centro temporal de acogida.

Pero ni siquiera las más altas instancias políticas se libran de la reacción de grupos xenófobos y racistas. Después de que Gabriel realizase esa visita a Heidenau y amenazase a los atacantes con «todo el peso de la ley», más de 300 correos electrónicos y al menos 150 llamadas telefónicas con insultos y amenazas han colapsado la sede de su partido, hasta que ayer por la tarde fue evacuada la Willy-Brandt-Haus (sede del SPD en Berlín) por una última amenaza de bomba que la policía aconsejó tomar en serio.

Allí donde al Administración está desbordada y allí donde políticamente no hay respuesta para la crisis de los refugiados, crece el racismo, reconocía ayer la secretaria general del SPD, Yasmin Fahimi: «No vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de los refugiados y de su dignidad».