PAMPLONA. El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha declarado hoy que el Ejecutivo foral apuesta por la universalidad en la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles, de modo que las medidas sean comunes en todo el territorio español.

Domínguez, que esta mañana ha inaugurado en Pamplona un curso de verano de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha asegurado en declaraciones a los periodistas que “hay que atender a todas las personas por igual, sea cual sea su condición social”.

De esta forma, el consejero hacía referencia a la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de volver a dar asistencia a los inmigrantes sin papeles en Madrid.

“Lo que se tiene que hacer es anular el decreto de 2012, porque eso implicaba un cambio en el concepto de regulación – ha explicado – . Se pasaba de un sistema de servicio nacional de salud, en el cual todo el mundo tenía derecho a la asistencia por el hecho de ser ciudadano, a un sistema de la antigua Seguridad Social, es decir tiene derecho a la asistencia el que trabaja”.

El consejero de Salud ha subrayado que se ha cambiado el concepto de asistencia sanitaria, y eso “es lo que se tiene que evitar”, por lo que el Gobierno de Navarra propondrá uniformar la asistencia sanitaria a inmigrantes en la reunión interterritorial del 2 de septiembre en Madrid, cuya convocatoria no ha recibido todavía.

“Nosotros ya hemos empezado a tramitar todo esto con los centros de salud, sobre todo con asociaciones de inmigrantes, para que les tranquilicen y que sepan que van a tener la asistencia”, ha contado Domínguez, quien ha asegurado que el único requerimiento solicitado sería el empadronamiento.

SANIDAD APUESTA POR UN REGISTRO El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, aboga por “armonizar” la atención sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’ en todas las comunidades autónomas y por ello quiere crear un registro que dará derecho a un documento acreditativo que certifique que el colectivo puede recibir atención primaria, “pero en ningún caso ese documento será una tarjeta sanitaria”.

“Dependerá de una situación de empadronamiento que acredite que vive allí. Después serán los servicios sociales los que determinen en que situación está y a partir de ahí tendrá que formar parte de un registro”, ha explicado en los pasillos del Congreso a su entrada del debate de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016.

UN DOCUMENTO ACREDITATIVO, NO TARJETA SANITARIA Según ha defendido, el objetivo del ministerio es armonizar la atención sanitaria que reciben los inmigrantes irregulares en todas las comunidades autónomas, que exista un control sobre quienes estén atendidos en la sanidad pública. “Que por tanto quede clara la atención que se presta y que a poder ser ésta sea similar en todas las comunidades”, ha precisado.

Así, ha adelantado que el próximo 2 de septiembre, miércoles, se reunirá la comisión de prestaciones para avanzar en un documento sobre el que ya “se había avanzado mucho” con las comunidades autónomas en ocasiones anteriores y con el que espera alcanzar una posición “consensuada y razonable”

Esta comisión depende del Consejo Interterritorial de Salud, y trabaja en la actualización de las prestaciones y de la cartera de servicios del SNS. En ella entre otros están representadas las comunidades autónomas, responsables del ministerio, del Instituto de Gestión Sanitaria y Mutualidades de Funcionarios.

“España es un país serio y atiende a las personas con control, a través de un registro, sin abrir derechos que puedan venir en perjuicio de un país”, ha destacado.

EVITAR EL TURISMO SANITARIO En este punto, ha insistido en que quiere evitarse la situación de antes de 2012 que “abrió la puerta a un turismo sanitario” y a “cierto descontrol”, cuyo coste para el Erario público ascendía a los mil millones de euros anuales. “Asistencia sanitaria, sí. Turismo sanitario, no”, ha destacado.

Alonso considera que hay que asegurar que estas personas no van a tener una tarjeta sanitaria que les dará “unos derechos en el resto de Europa y que además abriría la puerta a que otras personas que no deben tener acceso a la tarjeta la puedan tener”, como antes de 2012.

“Por tanto, a partir de ahora lo que se puede hacer, y a la vista de la experiencia y de que cada comunidad ha seguido haciendo una cosa distinta de la otra, para mejorar la situación es amornizar, establecer cuál es el canal de acceso para las personas en situación irregular a la hora de recibir atención. En nuestra opinión la puerta de acceso es la atencion primaria”, ha reiterado.