Tanto la anterior consejera de Sanidad, como el actual se comprometieron a devolver a los inmigrantes en situación irregular en Canarias la tarjeta sanitaria que se les retiró en 2012. El Gobierno afirma que está tramitando el restablecimiento de la Sanidad universal, pero el borrador de orden no gusta a las ONG que la reclaman.

La andanada del secretario general de Sanidad del Gobierno central, Rubén Moreno, amenazando con «multas millonarias» a las comunidades autónomas que devuelvan  sanidad universal a los inmigrantes ha sentado como un jarro de agua fría a Canarias que, desde la pasada legislatura, está tramitando la devolución de la tarjeta sanitaria a los migrantes sin permiso de residencia y que ya ha anunciado. El nuevo consejero, Jesús Morera, ya ha anunciado que no frenará los trámites en marcha, aunque, de momento, son sólo un borrador que ya se ha enviado a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y colectivos que llevan tres años reclamando la reuniversalización de la Sanidad en las Islas. 

La Coalición por el Derecho a la Salud, que  conforman Médicos del Mundo, Plataforma Yo Sí Atiendo, CEAR, Cáritas, Amnistía Internacional y Acción en Red – Canarias, pide a la Consejería de Sanidad que no se achante ante las amenazas del Ministerio, pero también que la orden en la que está trabajando «no sea un parche», ni «más de lo mismo» que el que aprobó por el Gobierno de Canarias después de que el Estado expulsara a los inmigrantes del Sistema Sanitario Nacional en 2012, se quejaba ayer Jenny Sadhwani, una de las portavoces de la plataforma y miembro de Acción En Red.

El borrador que el consejero de Sanidad ha hecho llegar a las ONG con los requisitos para que los inmigrantes sin papeles recuperen en Canarias la cobertura sanitaria igualitaria es, dice Sadhwani, «un corta y pega» de la orden de diciembre de 2012 que para nada refleja lo que sí han hecho comunidades como Aragón, Baleares o Valencia, donde «ya en el preámbulo de las ordenes que han aprobado sorprenden con argumentos contra el Real Decreto y hablan de reuniversalización de la Sanidad o trato igualitario».

Las ONG implicadas en esta lucha amenazan con no admitir que se creen tarjetas sanitarias especiales para los inmigranes y aseguran que hay unas «líneas rojas» que no van a dejar que el Gobierno de Canarias traspase. Esas líneas rojas se resumen en cuatro puntos: la reducción del tiempo de empadronamiento para tener acceso a la tarjeta sanitaria, que, dicen debería ser de tres meses «o prácticamente anularlo con una declaración jurada»; el acceso gratuito a medicación también con una simple declaración jurada; la reducción del tiempo de tramitación y que el silencio administrativo se considera afirmativo; y por último «algo tan simple», dice Jenny Sadhwani, como hacer folletos en distintos idiomas para que los afectados sepan que tiene derecho a acceso a la Sanidad.

En el borrador, que se han comprometido con el consejero a no hacer público, «no está reflejado nada de estos», asegura Jenny Sadhwani quien, además, denuncia que la Consejería «ni siquiera tienen datos» de cuántas personas están fuera de la Sanidad en Canarias.