Los inmigrantes en situación irregular que vivan en Cataluña sólo podrán recibir atención sanitaria en Urgencias. Ésta es la propuesta que lanzó ayer el candidato del PP a la Generalitat, Xavier García Albiol, y que desde el partido se justifica en la realidad sociológica catalana donde la mayoría de extranjeros procede de países islámicos.

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, considera que se debe limitar el acceso a la Sanidad Pública para «aquellos que están en una situación irregular en nuestro país», porque «no pueden disfrutar de las mismas prestaciones que los hombres y mujeres de Cataluña que están pagando sus impuestos». García Albiol dijo ayer: «Si de mí depende, a partir del 27 de septiembre derogaré la instrucción del Departamento de Salud que permite atender de manera absolutamente libre a los inmigrantes en una situación irregular».

En este sentido, el candidato popular aseguró que «se deben ofrecer a los inmigrantes en situación irregular los servicios de urgencias y los tratamientos que sean necesarios, pero no se pueden prestar aquellos servicios que no son urgentes». Además, reiteró que su apuesta es ofrecer «una Sanidad Pública universal para todos los hombres y mujeres en Cataluña y España», siempre que tengan una situación regularizada.

La propuesta de García Albiol llega después de que el Gobierno haya mostrado su disposición a restituir la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, aunque deberían justificar su falta de recursos y su empadronamiento. De esta forma, podrían tener una cobertura sanitaria completa que no sólo se limitaría al servicio de Urgencias, sino a la asistencia Primaria y especializada.

Las declaraciones del líder popular no causaron ayer ninguna sorpresa en el PP catalán. Tampoco contrariedad. Su postura contra la inmigración siempre ha contado con el respaldo del partido. Cuando era alcalde de Badalona y ahora que es el candidato a la Generalitat. Fuentes populares explicaron ayer que son opiniones consustanciales a su figura política. Y añadieron otro aspecto de carácter más sociológico que, entienden, también es relevante y probablemente se olvida. La inmigración en Cataluña es, sobre todo, «de carácter islámico». No sucede como en Madrid, aseguran, donde los extranjeros son mayoritariamente de procedencia latinoamericana. Según fuentes del PP catalán, esta distinción hace distinta la convivencia y la integración. Y tiene una repercusión, también en el sistema sanitario.

Al margen de estos condicionantes sociales, tanto el PP catalán como el nacional estaban preparados para cualquier valoración de García Albiol de este tipo. De hecho, no dejan de reconocer que en el fondo se le ha escogido porque tiene un perfil político propio y porque se trata de una candidato capaz de seducir a la derecha conservadora con firmes argumentos. Estas tesis también se comparten en la sede de Génova. Por ello, el partido acogió ayer con resignación su propuesta de que los inmigrantes sólo puedan recibir atención sanitaria en Urgencias, en un momento en que el Gobierno está virando su posición justo al lado contrario.

Sanidad convocará en septiembre a las comunidades para intentar alcanzar un acuerdo, después de que hace cuatro meses, el ministro Alfonso Alonso ya verbalizara su voluntad de acabar con una de las decisiones más polémicas de su predecesora, Ana Mato. El próximo 2 de septiembre, en el Consejo Interterritorial de Salud, el Ministerio tiene previsto presentar un plan, al que el presidente Mariano Rajoy ya se refirió el pasado fin de semana. «Lo que queremos ahora, y creo que es algo bastante razonable, es que el trato sea igual en todas las comunidades autónomas de España», dijo. El presidente recordó que «los derechos, igual que los deberes y las obligaciones, deben ser exactamente iguales para todo el conjunto del territorio nacional». Su postura, opuesta a la escenificada al principio de la legislatura, está ahora en las antípodas del discurso de García Albiol. Según fuentes del Gobierno, antes de las elecciones, el Ministerio tenía prácticamente cerrado el acuerdo con las comunidades para regular la atención a los sin papeles en atención primaria y especializada. Con el cambio en los ejecutivos autonómicos y la pérdida de mayorías del PP, este acuerdo debe volver a cimentarse.