Madrid volverá a dar asistencia sanitaria a sin papeles, después de tres años de argumentos en contra de esta asistencia. El Gobierno regional responde así a las declaraciones que hizo este jueves el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, advirtiendo a las comunidades que estaban llevando a cabo reformas para dar asistencia a estos inmigrantes (Aragón, Baleares, Cantabria y Valencia) de que Bruselas podía imponerles multas millonarias. Cristina Cifuentes justificó su decisión como una «obligación moral».

Sin embargo, ayer mismo, el director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la CAM enviaba un documento a todos los directores de centros de salud de esta comunidad en el que se informaba de que debía «prestarse todo tipo de Asistencia Sanitaria recogida en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud a todas las personas inmigrantes con o sin documentación, en tanto en cuanto no se realicen las instrucciones oportunas y se elabore el documento acreditativo que les dé derecho a la asistencia sanitaria». Se hacía después de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en las que recordaba al Ejecutivo que «no hablamos de inmigrantes , hablamos de personas, que tienen que ser tratadas como tales y tienen que recibir una atención sanitaria».

Madrid se une así a otras CCAA que ya habían anunciado medidas similares, como Aragón, Baleares, Valencia o Cantabria. Esta última había informado el pasado lunes que daría asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular siempre que llevaran tres meses empadronados en su comunidad. El mismo requisito es el propuesto por la Comunidad Valenciana, la primera de estas cinco en manifestar su cambio de dirección en la atención a los sin papeles, y la de Aragón. En cambio Baleares sólo pide a estas personas una declaración jurada sobre su situación y falta de recursos para entregarles un documento que será válido durante un año.

Medidas que, como señaló Moreno, están siendo estudiadas por el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, para valorar si invaden competencias estatales o vulneran la Constitución y, en ese caso, «el Estado tendría que actuar». Dichas palabras generaron un sinfín de reacciones entre los representantes regionales. Como las de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que cuestionaba «muchísimo» que «una medida de sentido común que es hacer un control de salud pública y de que no se extiendan las epidemias sea sancionable». De «irresponsables» las tildó el secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, que afirmaba que sería incluso «criminal» que se instase a los propios médicos a denunciar a los pacientes sin papeles.

Con el giro de timón anunciado por estas cinco comunidades, se abre un abanico multicolor en la atención sanitaria al inmigrante ya que algunas CCAA siguen a pie juntillas lo establecido en el Real Decreto Ley 16/2012, como es el caso de Castilla y León, Murcia y La Rioja, y otras reconocen un acceso universal a todos los inmigrantes independientemente de su situación, como Andalucía y Asturias. Cataluña, por su parte, ha modificado su normativa para llevar a cabo un programa prioritario en el momento del empadronamiento para poder atender procesos como el VIH y enfermedades de riesgo para la salud pública, aunque exige tres meses de empadronamiento para que los inmigrantes tengan acceso a atención primaria y especializada.

Ese abanico de opciones en función de la comunidad donde se resida es al que se podría haber puesto fin en julio, en el último Consejo Interterritorial, puesto que Alonso había anunciado días antes que Sanidad tenía previsto facilitar a los sin papeles un documento, renovable cada año, para ser atendidos en la comunidad en la que estuvieran empadronados. El motivo por el que no se llevó esta medida a esa reunión se desconoce. Pero es precisamente esa la solicitud que hizo ayer Cifuentes al pedir que, vía Consejo Interterritorial, se unifique en todas las Comunidades Autónomas la atención sanitaria a estos inmigrantes .

Para Médicos del Mundo se debería dar un paso más, en realidad, piden dar un paso atrás y volver a la situación anterior al Real Decreto Ley de 2012. «El Gobierno debería volver a reconocer el sistema sanitario universal, que estaría conforme con el marco de Derechos Humanos. Aunque aplaudimos las medidas implementadas por estas cinco comunidades, los requisitos establecidos por algunas de ellas suponen una barrera administrativa, pero es un avance sobre lo que había ya que las personas inmigrantes volverán a tener una historia clínica y entrarán en los protocolos sanitarios en igualdad de condiciones del resto de ciudadanos, pero sólo en la comunidad donde residan», explica Eva Aguilera, portavoz de esta ONG.

Una opinión similar tiene Nacho Revuelta, médico de Atención Primaria y miembro Yo Sí, Sanidad Universal, según informa Fabiola Barranco. «Esto no deja de ser un parche, porque sigue existiendo una legislación estatal que impide la asistencia sanitaria universal. Nos preocupa el escenario confuso, por las diferentes propuestas de las Comunidades Autónoma. Algunos requisitos pueden ser una dificultad para el acceso y, en definitiva, suponer la exclusión. Lo que sí que parece es que estas medidas son un clamor de la sociedad en contra del Decreto Ley», asegura Revuelta.