El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer desde el municipio lucense de Portomarín, cuyo ayuntamiento le ha concedido la Orden Serenísima de Alquitara, que la intención del Ejecutivo es «mejorar la cobertura sanitaria que se da» a los inmigrantes irregulares «en todo el territorio». El Ministerio de Sanidad también anunció ayer que presentará un «acuerdo» a las comunidades autónomas el próximo 2 de septiembre, en el Consejo Interterritorial de Salud, en el que se tratará cómo prestar atención sanitaria en cada región a los inmigrantes en situación irregular.

«Aunque el Sistema Nacional de Salud es el que ofrece la cobertura más amplia de toda Europa a los inmigrantes en situación irregular, el Gobierno ya había manifestado su voluntad de normalizar su atención en el sistema sanitario, incluidos los centros de salud, sin volver al turismo sanitario o volver a exponer a España a una sanción de la Unión Europea», expresaron fuentes de Sanidad, según informa Efe.

La decisión se toma después de que varias comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como Aragón, Baleares, Valencia y Cantabria, hicieran pública su intención de devolver la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares. El viernes, la Comunidad de Madrid, presidida por la popular Cristina Cifuentes, se sumó a la iniciativa.

Lo hacía tres años después de argumentaciones en contra de la medida del Gobierno central y como «obligación moral de atender médicamente a cualquier persona, con independencia de que tenga papeles o no» los tenga.

En Cantabria y en la Comunidad Valenciana el único requisito para que un inmigrante irregular reciba atención médica es que lleve tres meses empadronado en su territorio. En cambio, Baleares sólo pide a estas personas una declaración jurada sobre su situación y su falta de recursos para entregarles un documento que será válido durante un año.

A Rajoy la adhesión de una comunidad gobernada por el PP a la decisión tomada por varias comunidades gobernadas por los socialistas no le parece que suponga «ninguna confusión» y defendió el sistema sanitario español como una de las «mejores cosas» que tiene España.

Reconoció que «todo es mejorable en esta vida» y que el Sistema Nacional de Salud ofrece a los inmigrantes irregulares una atención «de las más avanzadas» de Europa. Insistió en que es esencial que el modelo que se implante en el futuro contemple «el mismo trato» en todo el territorio.

A su entender, «no tiene ningún sentido» que el asunto se aborde «de una forma en un sitio y de otra forma en otro», por lo que se ha comprometido a «resolver» las discrepancias sobre el modelo de atención a los inmigrantes irregulares «en septiembre», tal y como ha matizado Sanidad.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, también se comprometió ayer a derogar el decreto que retiró la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular si gobierna, y a recuperar la «universalidad de la sanidad pública».

El lider socialista resaltó que el decreto «expulsa a cientos de miles de personas de la sanidad pública» y es una «medida injusta, insolidaria e ineficiente desde el punto de vista económico».

Sánchez ha apuntado también que Andalucía y Asturias «se opusieron al desarrollo del real decreto y garantizaron la universalidad» y que, «gracias a los gobiernos socialistas que surgieron el pasado 24 de mayo», ahora hay más comunidades autónomas «que están garantizando esa universalidad».

Además, ha anunciado que el PSOE presentará en los próximos días una iniciativa en el Congreso para exigir al Gobierno la derogación del decreto. En el caso de que ésta sea rechazada y, si sale elegido presidente del Gobierno, derogará esta medida y recuperará «la universalidad, la decencia, la solidaridad y la justicia en toda España».