El presidente del Gobierno aprovechó ayer su visita a la localidad lucense de Portomarín para anunciar que el Gobierno está trabajando en un modelo único de atención sanitaria para los inmigrantes irregulares, que estará listo en septiembre. Fue la respuesta a la revuelta de las comunidades no gobernadas por el PP y Madrid, que se desmarcaron de las amenazas de Sanidad de cuantiosas multas europeas a aquellas autonomías que no siguiesen las directrices estatales y ofreciesen atención médica a los simpapeles.

Rajoy no quiso entrar en más detalles que el simple anuncio de que el tema está en la agenda gubernamental. Los matices del modelo que propondrá el Ejecutivo se conocerán en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que se celebrará el próximo 2 de septiembre con representantes de todas las autonomías.

«Y lo que queremos ahora, y creo que es algo bastante razonable, es que el trato sea igual en todas las comunidades autónomas de España. Yo creo que este mes de septiembre resolveremos este tema definitivamente porque no tiene sentido que en un sitio se haga de una forma y en otros sitios de otra distinta». Un matiz importante que el pasado viernes ya reivindicaba la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, quien aseguraba que en un esta comunidad, gobernada por el PP, se trabajaba ya en un documento para facilitar la atención sanitaria a los simpapeles, a la vez que pedía que se unificasen criterios en las comunidades autónomas. Por ello, Rajoy aseguró «no hay confusión» entre el Gobierno y el PP de Madrid sobre la atención sanitaria a los simpapeles, ya que comparten «argumentos comunes».

La promesa de Sánchez
En Málaga, en secretario general del PSOE habló en clave electoral sobre el tema para prometer que, si gobierna, derogará el decreto que retiró la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, para recuperar la «universalidad de la sanidad pública».

El líder socialista resaltó que la polémica norma «expulsa a cientos de miles de personas del sistema de sanidad pública» y es una medida «injusta, insolidaria e ineficiente desde el punto de vista económico». Además anunció que presentará una iniciativa en el Congreso para pedir la retirada del decreto