El caso de las cuatro hermanas, menores de edad y residentes en el País Vasco, que podrían haber sido víctimas de una ablación del clítoris durante un viaje de vacaciones a Malí, el país de origen de sus padres, evidencia «un fracaso en la prevención» de estos hechos». Es la opinión de la presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), Julia Pérez, una organización que desde hace seis años desarrolla campañas de sensibilización y prevención en materia de salud sexual entre la población inmigrante subsahariana, así como en la formación de profesionales en este campo.

Pérez destacó, en declaraciones a Efe, la importancia del seguimiento previo de estas familias para que comprendan los riesgos de la mutilación genital para la salud de las niñas a corto, medio y largo plazo. La directora de Comunicación de Plan Internacional, Pilar González, calificó de «inaceptable» esta práctica que Naciones Unidas considera «un abuso irreparable e irreversible de los derechos humanos de mujeres y niñas», además de una amenaza para su salud. La mutilación genital femenina se da en todos los sectores culturales y económicos y está basada en creencias religiosas, así como en la idea de que con ella se conserva la virginidad para el matrimonio. González explicó que esta práctica provoca desequilibrios en la menstruación, dificultades en el parto, hemorragias e infecciones en el aparato urinario y trastornos psicológicos de por vida.

González subrayó que, para erradicar esta práctica, hay que convertirla en una prioridad de la agenda internacional, además de trabajar con los líderes locales y las comunidades para favorecer un cambio de mentalidad ante una costumbre muy arraigada culturalmente. En España, la mutilación genital femenina, en cualquiera de sus formas, es un delito de lesiones castigado con una pena de seis a doce años de prisión. La jurisdicción española es competente para perseguir este delito tanto si se realiza dentro del territorio nacional como fuera de nuestras fronteras.