Vitoria – El mes de agosto ha sido especialmente prolífico en la lucha policial contra el fraude fiscal. El Cuerpo de Policía Nacional dio por concluida ayer su última macrooperación contra esta lacra al detener, en diferentes puntos del Estado, a 116 personas sospechosas de usar empresas ficticias para defraudar más de dos millones de euros a la Seguridad Social. Un total de 22 de los arrestos se han practicado en Euskadi: 17 en Gasteiz, tres en Donostia, uno en Irun, y otro en Bilbao.

Según informó la Policía en un comunicado, los detenidos, de nacionalidad española, marroquí y argelina, fueron arrestados en 18 provincias de España. Su modus operandi se basaba en un entramado de nueve empresas ficticias, la mayoría de ellas radicadas en las localidades navarras de Corella y Milagro y dedicadas supuestamente a la actividad agrícola, a través de las cuales accedían a todo tipo de prestaciones públicas (desempleo, incapacidad, acceso a vivienda social…) y regularizaban la situación administrativa de ciudadanos extranjeros en España.

La investigación policial comenzó a principios del pasado año cuando la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Navarra informó de que varias empresas de su territorio podrían ser ficticias. De hecho, según fuentes policiales, más de tres cuartas partes del montante defraudado corresponden a esa comunidad.

Los agentes encargados de la operación descubrieron que, efectivamente, se trataba de empresas ficticias creadas y administradas por un ciudadano marroquí que dio de alta a la Seguridad Social a un gran número de supuestos trabajadores de manera fraudulenta.

La investigación fue desarrollada por la Brigada Provincial de Extranjería de Pamplona y coordinada por el Grupo III de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Extranjería de Burgos, Barcelona, Zaragoza, León, Cáceres, Lérida, Valencia, Bizkaia, Gipuzkoa, Toledo, Alicante, Alava, Soria y Huelva.

No es la primera operación de gran escala que las fuerzas policiales culminan con éxito este mes. A principios de agosto la Guardia Civil finalizó la Operación Tributo, un macrogolpe que se saldó con 130 detenidos – la mayoría de ellos en Murcia – por su presunta vinculación con una estafa a la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo que asciende a cerca de un millón de euros. Una presunta empresa de comercio al por mayor de frutas y verduras afincada en Torre Pacheco (Murcia) era utilizada como pantalla para formalizar contratos falsos.

Apenas una semana antes la Policía Nacional detuvo a 33 personas e imputó a otras 116 en una operación en la provincia de Castellón. Entre los imputados se encontraban responsables de una gestoría, empresarios ficticios y trabajadores que se dieron de alta en empresas sin trabajar en ellas. Los miembros de la red desmantelada defraudaron más de 400.000 euros. La última operación de este tipo tuvo lugar hace apenas una semana, cuando la Policía Nacional detuvo a cuatro empleados de una supuesta empresa de edición musical de Jaén por defraudar 114.500 euros a la Seguridad Social