madrid – Navarra se sumó ayer a las voces críticas de otras comunidades autónomas que consideraron una “amenaza” la advertencia del Ministerio de Sanidad de recibir multas de la UE por la forma en la que se restituya la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares y la mayoría de ellas anunciaron que seguirán adelante en la devolución de este derecho.

El PP, sin embargo, se apresuró a negar a través del secretario general de su grupo parlamentario en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, dichas “amenazas”.

En la misma línea, el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, quien el jueves hizo el anuncio en el Congreso, señaló que “en ningún momento se ha amenazado a ninguna comunidad, se ha constatado un hecho”. Moreno recordó que la voluntad del Ministerio es mejorar la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Hizo hincapié en que el problema radica en cómo las comunidades elaboran sus respectivas normas, porque – dijo – una tarjeta sanitaria “genera una serie de derechos en los países de la UE”, y si las regulaciones contemplan a los irregulares pero no a los ciudadanos comunitarios que residen en España desde hace más de tres meses y que ya no disponen de seguro en sus países de origen, estos últimos podrían “sentirse discriminados”.

La Comunidad de Madrid se desmarcó ayer del Gobierno y se sumó a las CCAA que expresaron su rechazo a las posibles multas. La presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes (PP), anunció al respecto que entregará en los próximos meses a los inmigrantes sin papeles un documento para que puedan recibir atención primaria y especializada que no podrá emplearse fuera de la región.

Algo similar a lo que hará Madrid, ya lo hace Galicia que desde agosto de 2012. Atiende a sin papeles con el requisito de estar empadronados seis meses, si bien tampoco les concedió la tarjeta sanitaria, sino un documento del Servicio Gallego de Salud.

derecho universal El departamento navarro de Salud, que también tiene la intención de “garantizar la universalidad” de la sanidad, no consideró “apropiadas ni en el fondo, ni en la forma” las advertencias hechas el jueves desde el Ministerio de Sanidad. Y es que Navarra, cuenta desde 2013 con una legislación propia, mucho más garantista que la del Gobierno central en la defensa de la salud como derecho universal.

El consejero de Sanidad de Aragón, Sebastián Celaya, consideró que las “amenazas” del Ejecutivo “están fuera de lugar”, al igual que el de Castilla – La Mancha, Jesús Fernández, quien añadió que en su comunidad la mayoría de los inmigrantes ya están siendo atendidos.

Desde la Generalitat Valenciana, que aprobó en julio la asistencia universal para los que irregulares empadronados desde hace más de tres meses, su vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, insistió en que recuperar la sanidad universal es una cuestión de “sentido común” y de “derechos humanos”, al tiempo que cuestionó que sea sancionable.

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, comunidad que aprobó el pasado lunes una orden que garantiza la prestación sanitaria a los irregulares a los empadronados con una antigüedad de tres meses, ya ha avisado que “no tolerará” amenazas del Gobierno de Mariano Rajoy. Baleares, otra de las autonomías que ha restituido el derecho a los sin papeles, considera “inaceptable” la advertencia del Ministerio y su consejera de Salud dijo estar orgullosa de haber devuelto ya 600 tarjetas sanitarias.

Fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla y León descartan que el aviso de Sanidad vaya a tener efecto. Andalucía, Canarias y La Rioja aseguran que seguirán atendiendo a dicho colectivo. Al igual que otras comunidades, Extremadura aprobará una norma para que la atención a inmigrantes irregulares sea universal, en tanto el País Vasco asegura que no le afecta la advertencia porque la tarjeta que les entrega fue avalada por el Tribunal Constitucional. – Efe/D.N.