A finales del pasado mes de marzo, con el horizonte electoral de las autonómicas a la vista, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció que los inmigrantes irregulares podrían volver a ser atendidos en los centros de salud. Cinco meses después, casi al final de la legislatura, el ministerio no solo no ha implantado aún la medida sino que el pasado jueves lanzó duras advertencias a las autonomías que han decidido hacerlo por su cuenta. Unas amenazas que no han sido obstáculo para que ayer mismo Madrid, gobernada por el PP, se sumara al grupo de comunidades rebeldes.

«A los inmigrantes se les dará un documento específico para que puedan acceder a la atención primaria y a la especializada. No será una tarjeta sanitaria sino un documento que solo podrán usar dentro de la región», anunció ayer la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes. Es algo parecido a lo que habían hecho o anunciado Valencia, Baleares, Cantabria, Aragón y Castilla – La Mancha tras cambiar de signo político y que el número dos de Alonso, Rubén Moreno, había puesto en cuestión el día antes.

EL ENCAJE JURÍDICO / En una comparecencia parlamentaria, el secretario general de Sanidad achacó el retraso de su departamento en la puesta en marcha de la medida a la realización de un estudio sobre su encaje jurídico jurídico y anunció que la Abogacía del Estado estudia si las comunidades que le habían tomado la delantera no habían incurrido en una invasión de competencias recurrible ante el Tribunal Constitucional. También advirtió de que la Unión Europea podría imponer «multas millonarias» a España si la fórmula escogida por las autonomías vulnera el derecho comunitario.

Aunque Moreno pareció referirse únicamente a las comunidades que habían adoptado la medida tras el 24 – M, un portavoz ministerial precisó ayer que el estudio también incluye a Catalunya y el País Vasco, que desde el principio se negaron a cumplir la norma del Gobierno.

La reacción de las comunidades afectadas fue ayer unánime. Todas rechazaron las amenazas y manifestaron su propósito de no dar marcha atrás. «Estoy orgullosa de haber acabado con una media cruel tomada por el Estado», manifestó, por ejemplo, la presidenta balear, Francina Armengol.