El vuelco en el mapa del poder autonómico tras las pasadas elecciones puede ser la puntilla definitiva para la reforma sanitaria que la exministra Ana Mato impulsó en 2012. La contundencia con la que el secretario general del Ministerio de Sanidad, Rubén Moreno, advirtió el jueves a las regiones del PSOE con recursos ante el Constitucional se disolvió ayer como un azucarillo cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, decidió sumarse al carro y anunciar que devolverá la asistencia a los inmigrantes ‘sin papeles’. Horas más tarde, Murcia siguió sus pasos a través de un escueto mensaje de la consejera de Sanidad, Encarna Guillén.

Si el Ministerio hablaba el jueves de consecuencias «catastróficas» y «multas millonarias de la UE» para las regiones que devuelvan la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, Cristina Cifuentes defendía ayer la «obligación moral de atender médicamente a cualquier persona, con independencia de que tenga papeles o no los tenga». Bien es cierto que la fórmula que plantean tanto Madrid como Murcia no supone la devolución de la tarjeta sanitaria, sino la creación de un documento que permita el acceso normalizado a la Atención Primaria y Especializada, pero la divergencia política entre los mensajes lanzados por el Gobierno central y los dos ejecutivos autonómicos quedó en evidencia. El Ministerio se encontró con una soledad casi absoluta, después de este desmarque de dos de las cinco únicas comunidades que sigue gobernando el PP tras las pasadas elecciones.

Desde el resto de territorios, la lluvia de críticas a la postura del Gobierno central fue unánime. La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, comunidad que aprobó el pasado lunes una orden que garantiza la prestación sanitaria a los irregulares, avisó de que «no tolerará» amenazas del Gobierno de Mariano Rajoy, según recogió la agencia Efe. Por su parte, el ejecutivo balear mostró su «orgullo» por haber devuelto ya la asistencia sanitaria a 600 personas que perdieron este derecho en 2012. La consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, la socialista Carmen Montón, vaticinó que «la exclusión sanitaria en España tiene los días contados». Los hechos, de momento, le están dando la razón.