Un centro de mando de control migratorio controlado por la policía británica y francesa en Calais para mejorar la coordinación de las operaciones contra la inmigración clandestina. Ésta es la principal medida acordada por Bernard Cazeneuve, ministro del Interior francés, y Theresa May, su homóloga británica, que se desplazaron ayer hasta la ciudad fronteriza para firmar un acuerdo que trate de reducir la tensión migratoria en la zona. Por su parte, Reino Unido anunció el desplazamiento permanente de un centenar de policías para trabajar codo con codo con las autoridades galas y luchar contra las operaciones de contrabandistas y mafias que operan en la zona cobrando a los migrantes por llevarlos a territorio británico.

«Los contrabandistas serán identificados, detenidos y castigados», señaló el ministro galo. «Deben saber que ya no hay más paso posible por Calais», añadió.

Las autoridades desplazadas específicamente hasta Calais visitaron las instalaciones del Eurotúnel y se reunieron con sus responsables así como con diversas asociaciones que trabajan con los refugiados en la llamada Jungla, donde 3.000 personas, la mayoría procedente de Siria, Afganistán, Libia o Eritrea, viven en lamentables condiciones.

La alcaldesa de la ciudad, Nathalie Bouchart (Los Republicanos) y Yann Capet, diputado de Calais por el Partido Socialista, además del embajador británico en París, también estuvieron presentes en las distintas reuniones.

May anuncia por su lado que su país enviará a unos cien policías británicos de forma permanente a Calais para ayudar a la policía local en la seguridad en la frontera y reducir al máximo los grupos de mafia y contrabandistas que operan en la zona, así como la implantación de nuevos alambrados, videovigilancia y tecnología de detección con infrarrojos y proyectores luminosos. La Home Office británica invertirá en la zona igualmente 10 millones de euros en los próximos dos años, que se suman a los 15 millones acordados en septiembre del pasado año.

Las medidas tomadas muestran que, tras la polémica y las críticas cruzadas entre ambos países, los gobiernos han apostado por la confianza y la unión de fuerzas para apaciguar la grave crisis que se vive en la zona. Sin embargo, las asociaciones consideran que el acuerdo es insuficiente.

«Estoy muy enfadado», denuncia Jean-François Corty, de Médecines du Monde. «Esperábamos mucho de este acuerdo franco-británico, especialmente en lo que se refiere al plano médico-social, pero creo que hay mucho cinismo en la actuación de las autoridades», añade.

La organización que lleva años trabajando en la zona, puso en marcha hace unos meses un plan de emergencia equiparable al que se lleva a cabo en zonas de catástrofe. Asisten a unas 70 personas al día que presentan enfermedades derivadas de la situación de precariedad, además de ayudar en la instalación de lavabos o letrinas para mejorar la higiene.

«Las autoridades van a incrementar la observación de los migrantes para saber cuáles son los que se encuentran en una situación más precaria», explica Corty. «No sé en función de qué van a decidir qué persona podrá dormir bajo un techo y quién deberá quedarse en la calle».

En la organización France Terre d’Asile estiman que en la actualidad un refugiado tarda entre tres a seis meses en acceder a una vivienda, el tiempo en el que se lleva a cabo la concesión del estatus de refugiado que se está alargando en los últimos meses.

Pierre Henry, director general de France Terre d’Asile, denuncia que Reino Unido lleve años cediendo la responsabilidad de la vigilancia de sus fronteras a Francia, tras la firma del tratado de Touquet en 2003. «El acuerdo refuerza la responsabilidad de Gran Bretaña aunque no transforma el hecho jurídico de la externalización de la frontera británica sobre el suelo francés», explica. «En Calais hay personas que demandan protección internacional en Gran Bretaña, ya sea porque hablan la lengua o porque tienen familia allí», continúa Henry. «Tengo la impresión de que con estos acuerdos, Gran Bretaña pondrá más dinero pero para cerrar sus fronteras y dejar el problema en suelo francés».

El presidente del Eurotúnel, Jacques Gounon, sí pareció mostrarse satisfecho tras su reunión con los ministros, donde recordó que cerca de 21 millones de pasajeros pasan cada año por el túnel que comunica el continente con Inglaterra, «el equivalente a un gran aeropuerto internacional». Las últimas medidas de seguridad han permitido recuperar un funcionamiento prácticamente «normal» del túnel donde los intentos de intrusión se han reducido hasta 10 veces en las últimas semanas, según los informes del Eurotúnel.