VITORIA – Colea la polémica por la sanción impuesta por la Policía de Vitoria a un ciudadano que, según los agentes, insultó en marzo al ex alcalde Javier Maroto en un contexto marcado por la polémica creada por el líder del PP en torno a los inmigrantes magrebíes y argelinos.

Sumando-Hemen Gaude exige al Ayuntamiento de Vitoria que retire la multa de 200 euros impuesta a un ciudadano por increpar al ex alcalde de Vitoria y actual vicesecretario del PP durante la recogida de firmas impulsada por Maroto a través de la plataforma Ayudas+Justas para endurecer la legislación y con ello los criterios de acceso a las ayudas sociales, concretamente a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

De esta forma, este grupo político se suma a la solicitud hecha por SOS Racismo de Álava, que el martes pidió igualmente el archivo de esta sanción, algo que desde el Consistorio se dijo que no se puede hacer porque el expediente está resuelto, aunque fuentes municipales recuerdan que el afectado puede recurrir la multa ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Sumando-Hemen Gaude rechaza esta multa, un posicionamiento que también comparte el grupo socialista, aunque no defiende que “por una decisión política” se quite ahora esa sanción. Por ello, desde el PSE se emplaza, al igual que desde el gobierno del PNV, a continuar la vía contencioso-administrativa. La Policía Local, en cambio, considera en su expediente que el ciudadano que increpó a Maroto alteró la “seguridad colectiva”, y por ello le impone pagar 200 euros por desórdenes. SOS Racismo ha puesto también en conocimiento de la Fiscalía Superior del País Vasco este caso. Y en Internet ya se ha puesto en marcha una iniciativa, a través de la página Change.org, para que los ciudadanos que no estén conforme con la denuncia de la Policía Local estampen su firma en contra de esta multa. Ésta no es la única polémica que enfrentó al ex alcalde con ciudadanos de Vitoria en las mesas de recogidas de firmas de la campaña Ayudas+Justas, pero sí la que de momento se ha saldado con una cuantiosa sanción por parte del Ayuntamiento a un ciudadano que, al parecer, increpó al ex alcalde del PP por impulsar el endurecimiento de la RGI mientras él mismo estaba siendo investigado por el Tribunal de Cuentas por el caso del cuestionado contrato de alquiler de unas oficinas en la calle San Antonio rubricado entre el Ayuntamiento y el empresario Gonzalo Antón. – Efe/DNA