Donald Trump ha hecho de la inmigración el tema principal de su campaña, tachando incluso de delincuentes y violadores a los mexicanos. Ahora ha presentado su plan contra la inmigración ilegal, que propone deportar a los 11 millones de extranjeros sin permiso de residencia y cambiar la Constitución para que los niños que nazcan en EE.UU. no obtengan la nacionalización si sus padres no tienen residencia legal. Además, si llegara a la Casa Blanca anularía todas las leyes aprobadas por Obama que han mejorado las condiciones de vida de los inmigrantes que llegaron siendo niños.

A la vez, insiste en construir un muro en la frontera con México, que debería pagar el Gobierno mexicano. Para ello propone aumentar las tasas que EE.UU. cobra al país vecino por los visados diplomáticos y para ejecutivos y los pases diarios de la frontera.

Trump ha atacado con dureza a los únicos dos candidatos republicanos que tienen una postura más progresista sobre la inmigración: Jeb Bush y Marco Rubio. Del primero ha dicho que es una marioneta y del segundo, que la reforma que apoyó en el Senado no es más que «una amnistía encubierta». Trump está decidido a buscar los votos de los republicanos más conservadores, la mayoría de ellos de la clase trabajadora con menos recursos, justo aquellos que deben competir con los extranjeros por los empleos. Y lo está consiguiendo. Las encuestas le dan un 22,3 % del apoyo republicano, muy por delante de los que le siguen en la lista: Jeb Bush con un 10,3 %, Scott Walker con el 8,5 % y Ben Carson con el 7,5 %.

El problema para Trump es que solo un 19 % de los republicanos están de acuerdo con la deportación de los simpapeles. Los medios ya no solo se limitan a reflejar sus estrambóticas declaraciones. Ahora se centran en desmontar sus planes económicas y en constatar que sus deportaciones le costarían al país entre 100.000 y 200.000 millones de dólares en cinco años.