La renta de garantía de ingresos (RGI) empieza a reflejar la mejora del empleo en Euskadi. Los perceptores de la ayuda social destinada a cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos sin recursos se redujeron en 457 en julio. Ese descenso, el segundo consecutivo, absorbe por sí solo gran parte del aumento acumulado en el resto del año, que se tradujo en cinco récords históricos mensuales consecutivos. Las 65.824 personas que cobraron la subvención en julio, según los datos del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), constituyen la cifra más baja del presente ejercicio.

La caída de beneficiarios es muy superior a la experimentada el mes anterior (92), aunque insuficiente para compensar por completo las alzas encadenadas entre enero y mayo. La RGI cubre en este momento a 137 personas más que a finales de 2014.

La disminución del número de perceptores de la RGI en julio coincide con la favorable evolución del empleo, que se saldó ese mes con 3.032 parados menos en un contexto de incipiente recuperación de la economía. Sin embargo, no siempre se da una relación inmediata y directa entre la situación del mercado de trabajo y el número de ciudadanos que se acogen a esta ayuda social, que tienen una tipología muy diversa. Así, en el último año los beneficiarios se han elevado en 256, a pesar de que Euskadi ha reducido sus desempleados en 15.000 en ese periodo.

Ello puede ser consecuencia, entre otros factores, del incremento de los puestos de trabajo precarios y mal remunerados, con salarios por debajo del umbral mínimo de ingresos que garantiza la ley en Euskadi, y del fuerte ascenso del número de parados aún sin colocar que han agotado el periodo de prestaciones. De hecho, 12.729 personas con una ocupación cobran la RGI. También 11.939 mayores de 65 años; en su mayoría, pensionistas con unas prestaciones muy bajas.

Ingresos mínimos

La ley que regula la RGI, la más avanzada de cuantas existen en toda España, asegura unos ingresos mínimos entre 619 y 950 euros mensuales, en función del número de miembros que integren la unidad familiar para los ciudadanos en riesgo de exclusión social que cumplan determinados requisitos. Si ya disponen de algún tipo de renta por debajo de esa cifra por ejemplo, un sueldo o una pensión de escasa cuantía, el Gobierno vasco les abona la diferencia. Esta ayuda es compatible con la prestación complementaria de vivienda (250 euros mensuales), destinada a financiar el alquiler de pisos.

De los 457 personas menos que percibieron la RGI el pasado mes, 272 son de nacionalidad española y 185 extranjeros. Las autóctonos (42.076) absorben el 63,9% de las subvenciones y los inmigrantes (23.748) el 36,1% restante. Entre estos últimos, los grupos más numerosos son los procedentes de América del Sur (8.993), los países del Magreb (6.322), el África subsahariana (4.512) y el resto de la UE (2.123).

Esa fotografía es distinta en Álava, donde los extranjeros (4.808) suman casi la mitad en concreto, el 48,97%, con los magrebíes como el principal colectivo beneficiado (1.830).

La mayoría de los perceptores de la RGI (37.582) son mujeres y sólo tiene los estudios obligatorios (42.628), aunque hay 2.633 universitarios.

Los Presupuestos del Gobierno vasco de este año incluyen una partida de 378,5 millones para pagar la renta de garantía de ingresos y otros 82,5 para la prestación complementaria de vivienda. En total, 461 millones. No obstante, la cifra definitiva dependerá de cómo evolucione el número de ciudadanos que cumplan las condiciones exigidas para cobrar la ayuda, ya que se trata de un derecho subjetivo reconocido por ley al margen de que la dotación reservada al efecto sea suficiente o no. Si no lo es, el Ejecutivo se verá obligado a habilitar más dinero.