El alcance de los graves disturbios ocurridos en Salou este martes tras la muerte de un presunto mantero en el transcurso de una redada puede ya cuantificarse en al menos 75.000 euros, según datos facilitados por la Junta de Seguridad Local. El coste humano de la batalla campal tampoco ha sido menor: 24 agentes resultaron heridos –tres de ellos continúan de baja–, al igual que tres ciudadanos senegaleses y otros tres vecinos de Salou. Cinco coches patrulla y tres furgonetas resultaron dañados por las pedradas.

Las huellas de los desórdenes del pasado martes ponen en cuarentena la «exitosa estrategia de mediación», –en palabras del conseller Jordi Jané, que ayer formalizó la petición para dar explicaciones en el Parlament–, empleada por los mandos de los Mossos d’Esquadra, que pese al fuerte dispositivo de seguridad permitió a un grupo de unos 200 integrantes de la comunidad senegalesa hacerse fuertes en las vías del tren, destrozar el paso a nivel e interrumpir el tráfico ferroviario durante 12 horas.

La violencia no cesó hasta que fueron puestos en libertad con cargos los 12 detenidos. Incluso el intento de diálogo del cónsul de Senegal, desplazado desde Madrid, acabó a golpes. La liberación de los integrantes de una presunta célula de distribución de artículos falsos de importación se convirtió en requisito imprescindible para sofocar los disturbios. Fuentes sindicales de los Mossos no ocultan su malestar por las órdenes de «ceder a la ley del más fuerte y aguantar pasivamente agresiones e insultos». El protocolo habitual en estos casos se modificó, denuncian.

«Según cómo hubiéramos procedido se nos habría criticado por una actuación desproporcionada, con imágenes que no nos hubiera gustado ofrecer», ha justificado Jané tras felicitarse por la eficaz negociación de los Mossos. El conseller agradeció al Colegio de Abogados de Tarragona su refuerzo para acelerar la toma de declaración de los detenidos y de este modo pacificar las calles de Salou; sin embargo, fuentes conocedoras de la instrucción apuntan a que las prisas por liberar a toda costa a los compañeros del fallecido Mor Sylla alteraron el protocolo habitual de puesta a disposición del juez, por lo que los resultados de la operación policial podrían verse empañados durante la instrucción.

A la polémica deben añadirse las versiones radicalmente distintas sobre las circunstancias de la caída al vacío de Mor Sylla desde un tercer piso. Oficialmente, ningún agente le tocó e intentó descolgarse por el exterior del balcón, como refrendan dos testigos. Por el contrario, uno de los compañeros de piso sostiene que pudo ver el forcejeo con uno de los policías antes de caer: «Lo puedo decir aquí y ante el juez», advirtió.