El año pasado se registraron 22.000 intentos individualizados de entrada a Melilla saltando a la valla, pero el de Danny, ocurrido el 15 de octubre, fue de los más sonados.

Diversas ONG, entre ellas la melillense Prodein, se encargaron de difundir el caso de aquel subsahariano de jersey morado con un vídeo en el que se podía ver a varios guardias civiles obligándolo a bajar de la alambrada con sus porras. El traslado de Danny en volandas hacia Marruecos, según las ONG en estado semiconsciente, provocó la imputación de ocho agentes por un presunto delito de trato vejatorio.

Ahora, el juez Emilio Lamo de Espinosa, ante el que los guardias civiles declararon a finales de marzo, ha decretado el sobreseimiento provisional de esta causa. La razón: «Falta parcial de acervo probatorio», o lo que es lo mismo, la ausencia del testimonio de los inmigrantes, que fueron entregados a los agentes marroquíes sin ningún trámite ni identificación.

El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, da carpetazo de esta manera a toda la investigación de las denominadas devoluciones en caliente en la valla fronteriza de Melilla que él mismo abrió con enorme ruido mediático hace justo un año, a raíz de la denuncia de varias entidades defensoras de los Derechos Humanos. En el último auto, que emitió ayer, refleja a lo largo de sus 17 páginas cierto sabor amargo por este final. No en vano, reconoce que sin las declaraciones de los inmigrantes le falta el «elemento esencial» para poder seguir adelante con todo el procedimiento por el que trataba de averiguar si la actuación policial ante los intentos de entrada de esos inmigrantes se ajustaba a la norma. Es decir, la pescadilla que se muerde la cola, porque como el magistrado asevera, la «entrega inmediata» de los inmigrantes a las autoridades marroquíes «ha condicionado la totalidad de la investigación» sobre las supuestas devoluciones en caliente.

Este archivo zanja un caso que llevó al Gobierno a reformar la Ley de Extranjería con una polémica enmienda a la conocida como ley mordaza, por la que desde el 1 de abril ya aparece reflejada la figura del «rechazo en frontera». Pero antes de que Interior moviera ficha, este caso había generado no pocos temores en el seno de la Guardia Civil en plena crisis migratoria en la frontera sur de Europa, al ver desfilar ante el juzgado hasta nueve miembros del Cuerpo, entre ellos el propio jefe de la Comandancia de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor. La imputación del coronel ya había sido archivada por la Audiencia Provincial de Málaga el pasado mes de abril, al que ahora siguen estos ocho guardias civiles, entre los que hay un comandante, un teniente y seis agentes.

Sin embargo, el propio magistrado deja claro que este sobreseimiento es provisional porque «los indicios de delito no han desaparecido y siguen existiendo», de modo que podría volver a reabrir el caso si en un futuro hubiera nuevas pruebas que motivasen la decisión.

El auto es un tirón de orejas a los agentes, a los que reprocha su «actuación desmesurada» contra el inmigrante Danny. «Perfectamente podría haber sido obligado a descender de la escalera de otra manera» que no fuera empleando las defensas, asegura el juez, que por otra parte admite que los guardias civiles estaban actuando como les habían ordenado, con el añadido de que era «una situación de gran tensión».