Ferguson (Missouri) vuelve a estar en estado de emergencia. Al año de la muerte de Michael Brown, el joven negro de 18 años abatido por disparos de un agente blanco cuando iba desarmado y que inició un debate nacional sobre la brutalidad policial y la tensión racial, los altercados han causado ya un herido grave y, al menos, 150 detenciones.

La lista de nombres que portan los manifestantes –como símbolo de los abusos policiales– se ha multiplicado en los últimos 365 días. Unos recuerdan a Freddy Gray, el joven de Baltimore que murió estando bajo custodia policial; otros a Tamir Rice, un niño de 12 años que jugaba en Cleveland (Ohio) con una pistola de juguete y que fue abatido por un policía porque, dijo, «no tenía elección».

Las redes sociales tampoco olvidan a Samuel DuBose, que recibió los disparos de un oficial tras pararle porque no llevaba matrícula en Cincinnati (Ohio), o a Walter Scott, el hombre de 50 años contra el que abrió fuego un policía mientras huía tras darle el alto en Charleston (Carolina del Sur).

Éstos son sólo una muestra de las 1.089 personas que perdieron la vida desde el 9 de agosto de 2014 (incluyendo a Brown) en sus encuentros con las fuerzas del orden –una media de tres muertos cada día–, según la base de datos de Fatal Encounters (FE). Un proyecto ideado en mayo de 2012 por Brian Burghart para dar respuesta a cuántas veces esas interacciones acaban con una víctima mortal; los datos se remontan al año 2000. Desde Ferguson, la escena se ha repetido por todo EEUU y sin distinción de raza. Según los datos, publicados en la página web, 403 eran blancos; 243, afroamericanos; 152, latinos; y 264, de raza desconocida.

Para la creación de esta base de datos, FE ha recogido información a partir de peticiones de información pública, investigadores que registran los datos (y que son pagados por ello) y del cruce de éstos. Según Burghart, la tarea no ha sido fácil y «hay mucho trabajo por hacer. Hemos reunido alrededor de 8.000 incidentes y sólo hemos completado un 40%», explica a este periódico

Burghart sostiene que el proceso se ha ralentizado, pero cree que acabarán con una base de 20.000 muertes. Este escalofriante número de víctimas, apunta, está relacionado con que «hay muchas armas en este país. La policía cree que todo el mundo puede estar armado». Y, en parte, no le falta razón. Según las cifras que maneja, hay en torno a 310 millones de armas de fuego en Estados Unidos, cuya población ronda los 321 millones de habitantes, según la Oficina del Censo.

También señala el ideólogo de Fatal Encounters, el entrenamiento que reciben las fuerzas del orden. «Les enseñan a reaccionar de esta manera», comenta, reconociendo que sus reacciones no sorprenden. En más de una ocasión –especialmente con la difusión de los vídeos de las cámaras de los coches y las corporales de los policías– se ha cuestionado si los policías aprietan el gatillo demasiado fácil y rápido.

Según los datos del FBI, en 2013 se produjeron 461 «homicidios justificables» en EEUU. De ellos, 458 fueron por disparo de arma de fuego. La agencia incluye en esta categoría la muerte de un delincuente provocada por un agente de la ley «en el cumplimiento de su deber». Una cifra que ha ido creciendo en los últimos años. En 2010, se produjeron 397 «homicidios justificables».

En esa estadística parece encajar la muerte de Brown. El agente Darren Wilson, que disparó contra él, alegó ante el gran jurado en noviembre (la primera instancia que determina si se le acusa y va a juicio) que disparó porque temió por su vida; no fue imputado en noviembre de 2014. El ex policía de la Universidad de Cincinnati Ray Tensing se declaró no culpable de la muerte de Dubose, que apenas había retirado las manos del volante cuando recibió los disparos.

El argumento de que temían por su vida es el más esgrimido por los agentes ante los miembros de un jurado. Algo que criticaban las familias de varias víctimas –la madre de Brown y la de Rice, entre ellas– que se congregaron en Nueva York en abril durante la convención nacional de la organización liderada por el reverendo Al Sharpton, National Action Network.

En un país tan armado como Estados Unidos y con los estados reforzando sus cuerpos de seguridad con material militar como se pudo ver en Ferguson hace un año, el presidente Barack Obama adoptó una medida con el objetivo de «desmilitarizar» el país en mayo de 2015. La Casa Blanca propuso prohibir el uso de vehículos blindados y armamento más propio del campo de batalla que de ciudades.

Las armas y las muertes sin sentido que se producen en Estados Unidos es uno de los temas que divide al país y que Obama considera una de sus «frustraciones» en su mandato por no haber logrado una legislación mas restrictiva de un mercado que no hace sino crecer desde que llegó a la Casa Blanca. En 2013, nada más tomar posesión por segunda vez, impulsó un plan con esa finalidad que incluía cerrar los agujeros del sistema de revisión de antecedentes para que las armas de fuego no fuesen a parar en manos peligrosas.

«La herramienta clave para alcanzar este objetivo es el Sistema Nacional Instantáneo de Chequeo de Antecedentes Criminales», señalaba, apuntando que todavía se vendían muchas armas sin hacer las pertinentes comprobaciones. Y porque también se producen errores. Dylan Roof, el supremacista blanco autor de la masacre de Charleston –donde murieron nueve– no debería haber podido adquirir el arma, dados sus antecedentes de problemas con la ley por posesión de narcóticos.

El proyecto de Obama no salió del Congreso, donde fue bloqueado por los republicanos. Así, ha recurrido a la prerrogativa presidencial para ir haciendo cambios de menor envergadura desde la masacre del colegio de primaria Sandy Hook en Connecticut, a finales de 2012, hasta ahora. Porque, como dijo el presidente tras la tragedia de Charleston, «este tipo de masacres no pasa en otros países avanzados».

Al cruzar la puerta del campo de tiro de Bayonne (Nueva Jersey), llama la atención el silencio. Una decena de alumnos están preparados para la seguir la clase de uno de los instructores de la New Jersey Firearms Academy, cuyo lema es «lealtad, integridad, excelencia». Son las tres de la tarde pasadas y el perfil del alumno es heterogéneo; jóvenes veinteñaeros, moteros, parejas de novios… todos atienden a las diapositivas que aparecen proyectadas en la pared. «Tres reglas básicas», reza una de las primeras. Para los novatos, es importante leerlas y comprenderlas, aunque son de sentido común. «Mantén siempre el arma apuntando en una dirección segura; ten siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés preparado para disparar; mantén el arma descargada hasta que estés listo para disparar». El instructor da cuenta de las partes del arma, cómo cargarla, cuál es la manera correcta de sujetarla…

Según Lateif Dickerson, desde que tomó las riendas del negocio no ha habido ningún accidente en el campo de tiro. «Nos tomamos muy en serio el tema de la seguridad. Las armas son fáciles de disparar, pero hay que saber las reglas para hacerlo de manera segura», insiste. La tranquilidad del aula –separada por una puerta de la zona de tiro– se rompe con los primeros disparos. Dentro, está practicando un grupo de futuros vigilantes de seguridad y también entrenan otros clientes del campo. No faltan cascos, tapones para los oídos y gafas protectoras.

Pedro y Noemí, una pareja de dominicanos afincados en Nueva Jersey, compraron el cupón por 65 dólares (unos 59 euros) porque siempre quisieron aprender a disparar. «Al principio, estaba nervioso», explica Pedro, antes de reconocer que tras apretar el gatillo se le pasó.

Ha probado cuatro armas, una manera de comprobar la diferencia de peso y de retroceso de una pistola de calibre 22 y 45, entre otras. Su novia, Noemí, asegura: «Si puedo, repetiré. Además, como vivimos cerca…». Satisfecha de la información recibida antes de disparar, dice haberse sentido segura. También lo estaba Morgan, que ha logrado hasta dar en el centro de la diana para envidia de su novio. Para ella, la clase de tiro era una de las cosas que tenía en su lista de deseos. «Me he divertido mucho», reconoce.

Los estudiantes prueban las armas con dianas a unos cinco metros de distancia. Nada que ver con la demostración que hace Dickerson, que participa en competiciones de tiro, a más de 15 metros. «Empecé a disparar cuando tenía 12 años y a los 19 me convertí en instructor», explica relajado en la zona delantera del campo, del que es propietario desde el año 2000.

Respecto al debate sobre el control de armas, Dickerson sostiene: «El problema está cuando un individuo la vende de manera privada. Cuando vas a comprar un arma a una tienda, el vendedor tiene que hacer una llamada al centro telefónico del Sistema Nacional Instantáneo de Chequeo de Antecedentes Criminales, que depende del FBI, para comprobar que no tiene antecedentes». En su opinión, el debate serio sobre la revisión de antecedes consiste en «si se hace obligatorio para los vendedores privados y cómo». Por lo pronto, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que intentaba poner en marcha una revisión de antecedentes para la compra de munición, suspendió la iniciativa en julio. El peso de los lobbys como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), cuyas pegatinas lucen por la academia de Nueva Jersey, es todavía muy grande.