Retórica agresiva y mano dura conforma la respuesta del Gobierno británico a la crisis de inmigración que sacude a Europa este verano. El primer ministro, David Cameron, lanzó personalmente la cruzada contra el «enjambre de gente que cruza el Mediterráneo» y la titular del Interior, Theresa May, recordó: «Nuestras calles no están pavimentadas con oro». Tanto las palabras como las iniciativas de última hora se dirigen a crear un «ambiente hostil» a los ilegales para disuadirles de emprender viaje con destino a Reino Unido, arriesgando su vidas en el camino.

Más de 125.000 migrantes arribaron a Grecia este año, incluidos 50.000 en julio. La ONU calcula además que otros 90.000 han cruzado el Mediterráneo hasta las costas italianas con la esperanza de solicitar asilo en la UE. Se estima, en cambio, que menos de 5.000 adultos y niños aguardan la oportunidad de cruzar el Canal de La Mancha desde Calais. «La seguridad del túnel estará amenazada mientras haya grandes números de migrantes desesperados merodeando en la zona», advirtió el ministro de Exteriores, Philip Hammond, antes de verse forzado ayer a moderar su lenguaje, que la oposición laborista tachó de «alarmista».

Al mismo tiempo, el Ejecutivo tory reafirmó su determinación de perseguir y castigar penalmente a los que sustentan la economía sumergida, estimada en torno al 10% del PIB nacional. En su objetivo están empresarios y caseros que dan trabajo o alquilan habitaciones a extranjeros indocumentados. «La experiencia apunta a que los patronos dispuestos a burlar las normas de empleo tienden también a infringir las reglas de sanidad y seguridad y pagan impuestos insuficientes. Vamos a utilizar la fuerza completa de la maquinaria gubernamental para golpearles desde todos los ángulos», señaló ayer el secretario de Estado en Inmigración, James Brockenshire.

Agencias estatales incrementarán las redadas en empresas o centros de trabajo sospechosos de tener indocumentados entre su masa laboral. Se anticipa además un nuevo delito penal, de hasta cinco años en prisión, para los propietarios o agencias inmobiliarias que persistan en arrendar viviendas a sin papeles.