Los miles de intentos protagonizados en las últimas semanas por inmigrantes que buscan entrar a Reino Unido a través del túnel del canal de la Mancha han movilizado al Gobierno de David Cameron. No basta con incrementar la seguridad para impedir que los casi 5.000 indocumentados que acampan en la vecina localidad francesa de Calais puedan llegar a las islas. Las autoridades británicas también se han propuesto combatir desde dentro el problema con medidas contra la contratación de ‘sin papeles’ y una nueva ley que castigará a los caseros que no hayan comprobado que las personas que viven en su propiedad tienen permiso para residir en el país.

“Los empleadores tramposos que dan trabajo a inmigrantes ilegales están negando el empleo a los ciudadanos británicos, además de contribuir a bajar los salarios”, aseguró el secretario de Estado de Inmigración, James Brokenshire, que advirtió ayer de que Londres descargará “toda la fuerza de la maquinaria del Estado” sobre quienes se atrevan a emplear a indocumentados. Para controlar el cumplimiento de la normativa, el Ejecutivo prevé organizar inspecciones en compañías de construcción, atención domiciliaria y servicios de limpieza con el objetivo de ‘cazar’ a trabajadores irregulares.

La ofensiva contra la contratación de ‘sin papeles’ se añade a los planes del Gobierno para obligar a los propietarios de inmuebles a echar a los inquilinos en situación ilegal. La ley se espera que sea tramitada por Cameron después del verano y contempla desde una multa a una pena de prisión a los caseros que alquilen sus viviendas a personas sin derecho a residir. Asimismo, los inquilinos que pierdan su permiso para permanecer en Reino Unido o se les deniegue la petición de asilo podrán ser expulsados de los inmuebles sin necesidad de una orden judicial.

El titular de Exteriores británico, Philip Hammond, se mostró contundente respecto al drama migratorio al asegurar que la llegada de ‘sin papeles’ a la UE pone en peligro el nivel de vida y las estructuras sociales del continente. Para el ministro, las leyes comunitarias hacen que los indocumentados confíen en que si ponen un pie en suelo europeo no serán retornados a sus países. “Esta situación no es sostenible. Europa no puede protegerse a sí misma, preservar sus estándares, si tiene que absorber a millones de africanos”, sostuvo.

“Deshumanizante”

Las palabras de Hammond levantaron críticas por parte de los candidatos a liderar el Partido Laborista, principal fuerza política de la oposición. “Muchas de aquellas personas que cruzan el Mediterráneo huyen del terrible conflicto y la crisis humanitaria en Siria. Reino Unido hace demasiado poco para tratar de solventar el problema de los refugiados en Europa”, señaló Yvette Cooper. Jeremy Corby, por su parte, afirmó que los comentarios del ministro están basados en el “prejuicio” y la “hostilidad”, mientras que Liz Kendall calificó su lenguaje de “deshumanizante”.

Según la oficina de estadísticas europea Eurostat, el país británico recibió el año pasado 31.745 peticiones de asilo de ciudadanos de fuera de la UE, por detrás de países como Alemania (202.645), Suecia (81.180), Italia (64.625), Francia (64.310) y Hungría (42.775). En Calais, la mayoría de los inmigrantes acampados proceden de territorios afectados por la violencia, como Siria, Eritrea, Somalia y Afganistán, y ven en Reino Unido un lugar propicio para encontrar empleo.

Entretanto, la Comisión Europea aprobó ayer 23 programas plurianuales por unos 2.400 millones de euros para apoyar a los países en su gestión de la presión migratoria. Entre los Estados que obtendrán la ayuda está España, que recibirá cerca de 522 millones para mejorar su capacidad de acogida y reforzar la vigilancia en las fronteras. Los recursos los recibirán de forma “urgente” los territorios más afectados por la masiva llegada de indocumentados, como Italia y Grecia, que obtendrán 558 millones y 474 millones, respectivamente.