La mayoría de sin papeles que son controlados en Francia acaban en comisaría y con una orden de abandonar el país, con 48 horas para recursos o 30 días. Si son controlados de nuevo, pueden ser enviados a un centro de retención y expulsados. La policía puede controlar a los inmigrantes en cualquier momento e incluso presentarse en su domicilio para verificar su documentación.
Vivir en Francia en situación irregular dejó de ser delito en 2013. Antes se castigaba con un año de cárcel y 3.750 euros. Lo reemplaza el delito de “mantenerse en situación irregular” si no se cumple una expulsión. También se suprimió el “delito de solidaridad”: albergar a un sin papeles por motivos humanitarios. Se mantiene si hay beneficio.
Los sin papeles pueden escolarizarse y tienen una Ayuda Médica del Estado específica que es blanco de los discursos antiinmigración del Frente Nacional. Sin embargo, no pueden optar a la mayoría de las ayudas familiares ni a vivienda social. Las autoridades calculan que tienen medio millón de inmigrantes sin permiso de residencia. A ojos de la legislación, violan la ley y Sanidad dejó en 2012 sin atención primaria a medio millón de irregulares. Este mes de marzo se anunció que se reformará la medida para que la recuperen. La reforma del Código Penal contempla sanciones para quienes ayuden, con ánimo de lucro, a un irregular a “permanecer en España”. Una redacción “ambigua” que preocupa a las ONG.