DESEMBARCO DE NIÑOS.
En la isla griega de Kos, unos refugiados sirios bajan ayer a sus hijos de una lancha fletada en Turquía. Naciones Unidas ha pedido a Atenas que controle el “caos migratorio” en sus islas, con 124.000 migrantes arribados este año. El Gobierno de David Cameron quiere demostrar a los inmigrantes que Reino Unido no es la tierra prometida. Ante los miles de sin papeles en el canal de la Mancha que esperan entrar ilegalmente desde Francia, su reacción ha sido prometer para otoño una ley que sancionará incluso a caseros que alquilen una habitación a extranjeros en situación irregular.
No es la única medida disuasoria que en los últimos años han tomado los Gobiernos europeos. Desde Hungría, donde cientos de presos son usados para levantar una valla antiinmigrantes en la frontera con Serbia, hasta Alemania, donde los sin papeles carecen de derechos básicos, la UE quiere mostrar su dureza con los visitantes no deseados. La situación en los grandes países receptoreses la siguiente: Las urgencias sanitarias y la escolarización de menores están excluidas de las restricciones a ilegales que prepara el Gobierno. Pero los extranjeros sin permiso de residencia lo tendrán difícil para trabajar, porque darles empleo constituirá delito, los bancos deberán verificar las cuentas de los sospechosos de situación irregular (para que las autoridades puedan confiscar su salario) y los caseros afrontarán hasta cinco años de cárcel si admiten a quien no pruebe su residencia. Cameron quiere acortar los plazos de espera para aceptar o denegar una petición de asilo, y etiquetar inmediatamente de ilegales a quienes no lo reciban, así como a quienes arribaron como turistas y permanecen en busca de trabajo. son considerados criminales que pueden ser expulsados, aunque las dificultades materiales (las deportaciones son caras y engorrosas) normalmente lo impiden.
Este ejército en las sombras carece de seguro médico, no puede alquilar una vivienda ni optar a un empleo. Aun así, suelen encontrar trabajo en hostelería, construcción, mudanzas o limpieza. Las leyes son más categóricas con los médicos y directores de escuela, que se arriesgan a perder sus empleos o licencias si ofrecen asistencia a ilegales o admiten a sus hijos en las escuelas.
Mientras, la llegada de 180.000 refugiados en seis meses ha despertado una peligrosa ola xenófoba, sobre todo en ciudades pequeñas en el este. Las autoridades han registrado 199 ataques contra albergues para refugiados. Cada año unos 30.000 inmigrantes permanecen en el país de forma clandestina. En Italia se permite su expulsión inmediata. El problema es que para ser deportados necesitan una identidad y una nacionalidad, y muchos de los que llegan en las pateras no conservan documentación. Son socorridos, atendidos por los servicios sanitarios y trasladados a un centro de acogida hasta que se esclarezca su situación o consigan salir de ellos. Los que no siguen su camino hacia el norte trabajan en empleos sin garantías y con jefes que abusan de ellos. Muchos se ven excluidos del mercado de trabajo y se dedican al narcotráfico o la prostitución.
Tienen derecho a asistencia médica sólo en caso de urgencia. Las embarazadas y los menores sí tienen servicio de salud garantizado, también las vacunas y las visitas médicas cotidianas. Los menores deben ir a la escuela. Los clandestinos son recluidos en centros de acogida donde están aislados. Sin permiso de estancia ni trabajo, deben irse. Las asociaciones caritativas y algunos consistorios les ayudan a pesar de las restricciones oficiales. En Holanda hay también 27.000 refugiados en centros de acogida, la cifra más alta de la última década. El régimen de internamiento es rígido ya que no pueden salir ni trabajar mientras sin permiso de residencia. Ante la saturación, en abril se decidió ofrecer solo ayuda de emergencia a los que, careciendo de documentación, accedan a abandonar Holanda.
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