JAVIER OMS BARCELONA
Un piso de 25 metros cuadrados en
pleno corazón del Raval ha sido el
mayor productor de casamenteros
de Barcelona durante los últimos
cuatro años. Cada vez que uno de
sus habitantes firmaba el padrón
municipal, la coincidencia hacía
que éste corriera hasta el Registro
Municipal del Ayuntamiento para
registrar raudo el éxito de su amor:
una pareja de hecho. Así hasta en
20 ocasiones.
Fue el nombre de la propietaria
del número 5 de la calle Obradors,
sin embargo, el que puso a la Policía
Nacional sobre alerta ante el fenómeno.
Vieja conocida en el negocio
de los matrimonios de conveniencia
falsos entre extranjeros y
españoles, la miembro de un clan
familiar de Sabadell había convertido
su vivienda en tapadera para
volver a engañar a la administración.
En este caso a través de falsas
parejas de hecho, cuyos trámites
también abren la puerta a obtener
permisos de trabajo y residencia en
la Unión Europea (UE).
Una estrategia que la red extendió
a otros dos pisos de Barcelona
y tres más en Madrid. El engaño
era tan burdo que en las tres viviendas
de la capital catalana había empadronadas
hasta 60 personas. Uno
de los pisos que utilizaban para
emitir la documentación falsa, en el
barrio de la Font de la Guatlla de
Barcelona, ni tan siquiera existía.
La Policía Nacional ha detenido
en total a 27 personas e imputado a
otras 21 por participar en un sistema
a través del que habrían llegado
a concertar 35 parejas de hecho
fraudulentas para permitir a extranjeros
obtener el permiso de residencia
y de empleo. Un negocio
que les ha permitido lograr aproximadamente
100.000 euros a lo largo
de los últimos cuatro años.
Para poder acceder a sus falsas
parejas, cada inmigrante pagaba a
la red entre 1.000 y 4.000 euros. A
partir de entonces, los casamenteros
comenzaban la captación de
ciudadanos españoles que se prestaran
a facilitar sus datos para el
trámite ante el Ayuntamiento de
Barcelona. Llegado el caso, además,
debían enfrentarse al examen de
convivencia que los responsables
de extranjería realizan para dar validez
a matrimonios entre españoles
y extranjeros extracomunitarios.
Para garantizarse una cartera de
voluntarios la red recurrió a otra
vieja estrategia: ofrecer dinero a
quien más lo necesita. La Policía
considera que se centraban en personas
con problemas económicos,
vinculadas a la delincuencia común
o con problemas de drogadicción.
Perfiles que aceptaban de buen grado
los 1.000 euros que los detenidos
les ofrecían por firmar varios
documentos y, en último extremo,
convencer a la policía de su amor
hacia un completo extraño.
Todos los detenidos están acusados
de delitos contra los derechos
de los extranjeros y falsedad
documental.