El Gobierno del conservador David Cameron quiere hacer de Reino Unido un país hostil para los indocumentados. Mientras Francia impide el paso desde Calais a los inmigrantes que intentan cruzar el eurotúnel (1.700 solo en la noche del domingo), el Ejecutivo británico anunció ayer una ley que exige a los caseros expulsar a sus inquilinos sin papeles. Si no lo hacen, se enfrentan a penas que van de multas a cinco años de prisión. La respuesta del Gobierno británico a la crisis de Calais, y a los imparables intentos de miles de personas hacinadas frente al eurotúnel de acceder a Reino Unido, es reforzar las ya drásticas medidas de la nueva ley contra la inmigración ilegal. David Cameron pretende desbaratar la idea de que el país es un destino de acogida. El último gesto, anunciado ayer, pasa por exigir a los caseros británicos que expulsen a los inquilinos sin derecho de residencia, bajo la amenaza de penas de hasta cinco años de cárcel. La medida es tan expeditiva que en algunos casos podrán echarlos sin autorización judicial. Con el anuncio de esta medida, que será introducida en la nueva ley de Inmigración, el Gobierno de David Cameron esgrime la mano dura como respuesta a la crisis migratoria de Calais, que amenaza con desbordar a su Administración. A pesar del refuerzo de las medidas de seguridad, solo la noche del domingo la policía francesa evitó otras 1.700 tentativas de cruzar el eurotúnel.
“Las calles de Reino Unido no están pavimentadas de oro”, es una frase de la titular de Interior británica, Theresa May, que resume los intentos de su Gobierno de disuadir a los inmigrantes que intentan acceder de forma clandestina a Reino Unido a través del eurotúnel. El paquete legislativo contra la inmigración ilegal anunciado por el Gobierno el pasado mayo, que convertirá en delito dar empleo a los indocumentados, va a ser reforzado con la introducción de duras sanciones a los propietarios de inmuebles que alquilen pisos a los sin papeles, confirmó ayer el ministro de Comunidades, Greg Clark.
Una vez aprobada la ley —una de las prioridades de Cameron en la reanudación del curso parlamentario tras el verano—, los caseros deberán asegurarse de que no alquilan sus inmuebles a personas que no puedan demostrar su derecho de residencia. En el caso de que los inquilinos pierdan ese derecho, les caduque el visado o les sea denegada la petición de asilo, podrán ser expulsados, en algunos casos sin necesidad de una autorización judicial que hasta ahora era preceptiva.
El Ministerio del Interior comunicará a quienes arriendan pisos los nombres de aquellos inquilinos que no tienen derecho a permanecer en el país, conminándoles a expulsarlos bajo amenaza de sanciones (desde una multa hasta una pena de cárcel de cinco años) a quien incumpla la medida.
La aplicación de ese punto de la nueva ley podría conducir a “situaciones violentas”, advirtió ayer la asociación que agrupa a los propietarios que alquilan inmuebles, la National Landlord’s Association. “Un inmigrante irregular es una persona desesperada en una situación desesperada, y eso conduce a la gente a acciones también desesperadas. Afrontamos el riego de que [el inquilino] intente atrincherarse por todos los medios, incluido el uso de la fuerza”, reflexionaba en una entrevista de radio el director de ese organismo. El ministro Clark respondió alegando que la medida pretende “combatir a los caseros que se enriquecen con la inmigración ilegal, explotan a gente vulnerable y socavan nuestro sistema de inmigración”.
Imagen de firmeza
En el trasfondo de las nuevas medidas anunciadas ayer están los intentos del Gobierno de Cameron de proyectar una imagen de firmeza ante las críticas recibidas por su gestión de la crisis de Calais. La prensa conservadora británica, y con especial ahínco los poderosos tabloides, proyectan a diario una situación de caos en la frontera con Francia que cobraría los visos de situación de emergencia nacional.

Incapaces de hacer frente al elevado número de peticiones, y desbordados por la falta de albergues, los servicios sociales del condado de Kent (en el lado inglés del eurotúnel) están pagando unas 150 libras a los taxistas locales para que desplacen a los inmigrantes desde Dover a Londres, informaba ayer el Daily Telegraph. El Financial Times recogía que la crisis migratoria inquieta también a las empresas, que afrontan un drástico aumento de los costes al verse forzadas a buscar rutas alternativas y mucho más caras para transportar sus productos al otro lado del Canal.