La Policía Nacional de Jaén ha desarticulado
una red dedicada a favorecer
la inmigración ilegal de ciudadanos
chinos a través de contratos
fraudulentos. En el marco de la
operación se ha detenido a seis personas
de nacionalidad española y
china que actuaban desde 2005.
Según fuentes policiales, en mayo
de 2014 la Subdelegación del
Gobierno en la provincia recibió un
informe del Consulado General en
el sur de China, en la ciudad de
Cantón, en el que se llamaba la
atención sobre la concesión en un
solo mes de cinco autorizaciones
de trabajadores extranjeros en
puestos de poca o ninguna cualificación
o de difícil cobertura.
Dicho informe destacaba que los
trabajadores que habían solicitado
las autorizaciones pertenecían a la
misma provincia –Fujian– y que las
empresas contratantes se repetían
y pertenecían a una misma familia.
A partir de estos datos, se inició
una investigación que llevó a los
agentes a descubrir un total de siete
empresas que contrataban trabajadores
para obtener un visado.
Las pesquisas desvelaron que
esas compañías habían tramitado
82 expedientes entre 2005 y 2014
para un total de 42 personas pese a
no existir concordancia entre el volumen
de trabajo de las supuestas
empresas de restauración y el personal
contratado para desempeñarlo.
También se comprobó que
los trabajadores eran dados de baja
al año justo de hacerse efectiva
la contratación en origen.
Del mismo modo, se supo que
una de las empresas había realizado
desde 2010 un total de 16 trámites
de regularización para 14 ciudadanos
de origen chino, así como
posteriormente de la renovación de
dos de ellos; por cada trámite, los
inmigrantes habrían abonado entre
8.000 y 10.000 euros.
Una vez comprobada las irregularidades,
se procedió a la detención
de seis personas en Jaén, de nacionalidades
española y china, como
presuntos autores de delitos contra
los derechos de los ciudadanos extranjeros,
falsedad documental, contra
los derechos de los trabajadores
y pertenencia a grupo criminal.
También se practicaron dos registros
domiciliarios, también en la
capital jiennense, en los que se han
intervenido diversos equipos informáticos
y memorias externas (discos
duros, pendrives y tarjetas SD),
teléfonos móviles y tarjetas SIM,
documentación que está siendo
analizada por expertos, así como
2.710 euros en efectivo.