«Las decisiones sobre las banderas son una cosa. Las decisiones sobre las armas son un asunto totalmente diferente». Así arrancaba un artículo de la publicación Kiplinger Letter, que sólo se distribuye por suscripción y se dirige a pequeños y medianos inversores de Estados Unidos, el 26 de junio pasado, es decir, apenas una semana después de que Dylann Roof asesinara a nueve personas de raza negra en la Iglesia de Emanuel de la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur.

El análisis de Kiplinger, que lleva 75 años analizando las tendencias económicas y políticas de Estados Unidos era simple: «Después de casos [de matanzas en EEUU] como los del instituto de Columbine, en Colorado, en 1999, y de la escuela de Sandy Hook, en Connecticut, se disparan los llamamientos a hacer algo con el control de las armas de fuego. Las encuestas demuestran una subida en la opinión pública del apoyo a la legislación de control de armas. Pero el impulso acaba desvaneciéndose y la legislación no cambia. Y eso va a pasar ahora».

Hoy, cuando se cumple un mes de la matanza, el análisis de Kiplinger ha sido corroborado por los hechos. La bandera confederada –que ni siquiera es la bandera del Sur durante la Guerra de Secesión de EEUU, sino otra empleada por los supremacistas blancos a partir de principios del siglo XX– ya no ondea frente al edificio del Congreso de Carolina del Sur. Ayer, cientos de personas se manifestaron en Columbus, la capital de ese estado, a favor y en contra de la decisión. Por un lado estaban grupos como los Caballeros Blancos del Ku Klux Klan, la organización racista blanca más importante de EEUU. Frente a ellos estaba una amalgama de grupos encabezados por los Nuevos Panteras Negras, es decir, el equivalente del KKK, pero en negro.

Sin embargo, nadie se acordaba de los llamamientos que se produjeron en las horas y días siguientes a la matanza de Charleston para que se controle la venta de armas. Ni siquiera el hecho de que Dylann Roof no estuviera capacitado legalmente para comprar la pistola Glock con la que perpetró los nueve asesinatos, va a cambiar las cosas.

Roof compró su Glock en abril en una tienda. Ésta, a su vez, envió la información sobre el joven al FBI, que es quien se encarga de realizar los controles para la venta de armas y munición. El FBI autorizó la transacción, a pesar de que Roof había sido detenido por tenencia de drogas, lo que le impedía legalmente adquirir un arma de fuego.

Pero el problema va más allá de los errores del FBI. De hecho, las autoridades no tienen derecho a supervisar las compraventas de armas entre individuos, lo que abre un boquete enorme en cualquier sistema de control. El intento de Barack Obama de cerrar ese vacío legal fue derrotado estrepitosamente en el Senado en abril de 2015.

Y es que el apoyo de los legisladores a la tenencia de armas con las menores restricciones posibles es clave en todo el debate. Por poner un ejemplo, desde finales de la década de los 90, en EEUU no hay estadísticas oficiales acerca de las muertes por arma de fuego. La razón es que el Congreso ha rechazado de forma explícita el presupuesto para llevarlo a cabo.

Eso hace que todos los datos sobre las armas de fuego en EEUU sean oficiosos, no oficiales. Lo cual, a su vez, fomenta todo tipo de debates, el más común de los cuales es que hacen falta más armas para protegerse de los que ya tienen armas. Así, por ejemplo, varios presentadores de la cadena de televisión Fox News, propiedad de Rupert Murdoch, declararon, tras las muertes en Charleston, que si los parroquianos hubieran estado armados, no se habría producido la matanza, porque habrían sido capaces de defenderse. Es la misma tesis del directivo de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, según sus siglas en inglés, el principal grupo que defiende la tenencia de armas) Charles Cotton.

El problema, sin embargo, es que esa idea no casa con los datos. O, al menos, con los datos de que disponemos, ante la negativa del Congreso a financiar estudios por parte del Estado, que es el único con recursos como para poder llevar a cabo un análisis exhaustivo del uso de las armas en el país.

En EEUU, se estima que hay aproximadamente un arma por habitante. Es decir, algo más de 300 millones, aunque en realidad el porcentaje de los hogares con rifles, pistolas, escopetas o ametralladoras no pasa del 50% y posiblemente sea muy inferior. Pero esa abundancia de armamento no ha hecho que los casos de muertes por autodefensa –es decir, ciudadanos que usan sus armas adquiridas legítimamente para evitar ser víctimas de agresores o delincuentes– pase de ser apenas una fracción del total de los fallecidos por armas de fuego.

Según el Centro de Política para la Violencia (VPC, según sus siglas en inglés) sólo el 3,1% de los 8.342 muertos por arma de fuego en 2012 –el último año del que tiene datos– fueron delincuentes que cayeron a manos de ciudadanos que estaba ejerciendo su derecho de legítima defensa. El otro 96,9% fueron víctimas de ataques, de acuerdo con los datos de esa organización, que defiende el control de la venta, propiedad y uso de armas. Al mismo tiempo, a medida que las ventas de armas baten récords año tras año –como demuestra que el sector esté creciendo a una media del 3,8% anual desde que Obama llegó a la Casa Blanca en 2009–, las matanzas –consideradas como actos en los que mueren al menos tres personas por arma de fuego– se han triplicado, según The New York Times.

Con esos condicionantes, y por más debate que haya sobre las banderas, la última palabra la ha tenido Kiplinger, que el 3 de julio recomendaba a sus lectores comprar acciones de fabricantes de armas.