IKER RIOJA ANDUEZA VITORIA
El PP no quiere aparcar el debate
de las ayudas sociales y menos
después de haber comprobado cómo,
al menos en Vitoria, le reportó
un mayor número de votos que en
las anteriores elecciones municipales.
La presidenta del partido en el
País Vasco, Arantza Quiroga, anunció
ayer en rueda de prensa que registrará
en el Parlamento una proposición
de ley en los mismos términos
que la iniciativa legislativa
popular (ILP) que impulsó el PP
para modificar los requisitos de acceso
a la renta de garantía de ingresos
y cuyos pilares fundamentales
afectaban a los extranjeros, ya
que se reclamaba elevar el requisito
de empadronamiento de tres a
cinco años y sacar del sistema a los
ciudadanos sin permiso de residencia.
Esa ILP quedará en nada después
de que tanto el Gobierno como
el resto de partidos hayan
anunciado ya que votarán en contra
de su admisión a trámite y estudio
a la vuelta de las vacaciones.
El debate sobre las ayudas sociales,
los inmigrantes y el fraude lo
abrió el exalcalde de Vitoria, Javier
Maroto, con unas polémicas declaraciones
sobre los magrebíes. El
resto de partidos acusaron al PP de
«estigmatizar» a los extranjeros
con un discurso de poso «xenófobo
» y dieron la espalda a las propuestas
de Maroto para endurecer
el acceso al sistema de prestaciones
más garantista de España.
El alcalde, entonces, apeló a la
«fuerza de la calle» e inició una recogida
de firmas para impulsar la
reforma de la renta de garantía de
ingresos en el Parlamento vía ILP.
Logró superar el listón exigido,
30.000 adhesiones, aunque las
41.000 anunciadas inicialmente
quedaron en 37.000 «validadas»,
según datos del propio PP.
En todo caso, las cajas de cartón
que Maroto llevó al Parlamento
con esas rúbricas pasarán a un almacén,
ya que la iniciativa legislativa
decaerá antes incluso de ser
debatida. PNV, EH Bildu y PSE-EE
ya dejaron claro el martes que votarán
no a que la Cámara tramite
unas medidas que ven dirigidas a
restringir derechos, especialmente
en el caso de los extranjeros.
La presidenta del PP no se da por
vencida e insistió ayer en que el de
las ayudas sociales es un debate
«necesario». Cree que EH Bildu,
PNV y PSE-EE «tratan de tapar un
debate que está en la calle y que
además es transversal entre personas
de diferentes ideologías» y aseguró
que retomarán los contenidos
para lograr «más control» en este
sistema que gestiona Lanbide, el
servicio vasco de empleo. Lo harán,
explicó, en forma de proposición de
ley, una fórmula que podía haber
utilizado Maroto directamente para
llevar sus planteamientos a la Cámara
ya que hasta hace unas semanas,
además de electo en Vitoria, ha
sido también diputado autonómico.
Sobre el próximo fin del recorrido
de la ILP de Maroto se pronunció el
consejero de Empleo y Políticas Sociales,
Ángel Toña, que justificó el
criterio desfavorable del Gobierno
del PNV a que prospere esa ley a pesar
del apoyo ciudadano. «No se trata
de negar el derecho a presentar
una iniciativa legislativa popular. Pero
no nos parece el modo y manera
más adecuado», señaló Toña.
El Gobierno, en todo caso, estaría
trabajando ya en una reforma
del sistema de garantía de ingresos
sin tocar la ley vigente. Toña explicó
que una comisión dentro de
Empleo y Políticas Sociales está
realizando, con la colaboración de
expertos externos, un análisis para
actualizar el sistema. Añadió que
ya disponen de un borrador en el
que desean «profundizar».
«Cuando tengamos un documento
más elaborado, queremos
hacer reajustes que afectarán a
aspectos del desarrollo reglamentario
y normativo de la ley. Y nos
parece que esto se debe abordar
en sede parlamentaria para hacer
las adaptaciones que la renta de
garantía de ingresos, y en su caso
la prestación complementaria de
vivienda, necesitan», dijo Toña,
sin dar más detalles.