El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decretado prisión incondicional a Antonio Herrero, copropietario de varios clubes de alterne en Madrid, entre ellos el Flower Park de Las Rozas, bajo la acusación de intentar blanquear las «ingentes» cantidades de dinero defraudado a Hacienda a través de la construcción de viviendas en Irak, Camerún, Etiopía, Kazajistán, Panamá o España.

El magistrado acuerda el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del copropietario porque existe la «fundada» posibilidad de que pretenda «entorpecer, retrasar o dificultar la investigación» o que ejerza una «influencia directa, mediante amenazas o chantajes» sobre testigos, imputados o peritos, informa Europa Press.

Andreu ha enviado también a prisión a su socio José Vera al considerar que ambos ingresaron cerca de 83 millones de euros en diez años en las cuentas bancarias que titularizaban como personas físicas. En concreto, Herrero habría recibido ingresos de 33 millones y Vera de 50 millones entre 2004 y 2014.

El juez Andreu destaca el «afán constructivo» de Herrero y lo atribuye a su «posible» propósito de «inyectar en el flujo legal el dinero generado por la explotación de los clubes de alterne que regenta la organización». En las conversaciones intervenidas a Herrero se aprecia como se preocupaba de las condiciones económicas de Etiopía y preguntaba si había «problemas para poder repatriar» a España el dinero generado en el país africano.

El juez destaca que Herrero «mide mucho sus palabras» y utiliza términos clave en las conversaciones que mantiene con sus hombres de confianza, con quienes evita hablar sobre la gestión de los lupanares y prefiere comunicarse vía Viber y WhatsApp.

Herrero es copropietario de los clubes Flower Park de Las Matas (Madrid) y del Factory Air Show Girl Madrid. También explotó en el pasado el Lovely y L’ Amour de Colmenar Viejo y Fuenlabrada. Usaba «testaferros», como su actual pareja, y adquirió obras de arte y antigüedades de Estados Unidos por valor de 1,3 millones de euros entre 2011 y 2012.

Andreu cree que la trama ocultaba «grandes» cantidades de dinero mediante la gestión de los puntos de venta (TPV) utilizados en los burdeles para pagar los servicios sexuales ofrecidos por las mujeres que allí trabajaban. Por el uso de dichos TPV, el cliente tiene que pagar un recargo del 10%, de forma que el 6,5% se lo queda la mercantil gestora del TPV y el otro 3,5% aproximadamente la mercantil gestora del club».