La operación Aikon ha puesto fin a las andanzas de una de las tramas delincuenciales más peligrosas de las asentadas en España y con potentes vínculos con otros entramados criminales fuera de nuestras fronteras.

Los efectivos de la Policía Judicial, coordinados por la Fiscalía Anticorrupción, han llevado a cabo una completa y compleja operación.

Durante la madrugada de ayer pusieron en marcha un importante despliegue en el que participaron más de 200 agentes. Casi medio centenar de integrantes (35 de ellos están ya detenidos) formaban parte de esta organización criminal de ciudadanos georgianos que operaban en las comunidades de Madrid, País Vasco, Valencia y Murcia. Ahora, los agentes investigan las conexiones de esta estructura con otras redes delincuenciales de la mafia rusa, de máximo nivel, según explicaron fuentes de las investigaciones.

Al frente de la trama la Policía coloca a Zviad Darsadze, considerado uno de los delincuentes georgianos más peligrosos y con más influencia en su país.

Varios de estos detenidos ya habían estado en prisión preventiva, tras la operación Java, pero quedaron en libertad por decisión del entonces magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez.

Según informaron fuentes de la investigación, la trama que se está desarticulando se dedicaba fundamentalmente al robo con fuerza en viviendas. Se trata de una organización criminal especializada y de carácter itinerante. Según los especialistas policiales, varios de los detenidos tienen el mayor rango dentro del estamento criminal: están considerados Kanonieri Kurdi (ladrones en ley). La trama está compuesta fundamentalmente por hombres georgianos, prácticamente todos nacidos en Tiflis, capital de Georgia, y en Kutaisi.

El jefe de la trama, además de ser un ladrón de ley, actúa como «juez» en el seno de la organización, para dirimir disputas. Sus «subordinados» deben aportar todas sus ganancias a una «caja común» –Obshchak– que maneja en exclusiva el jefe de la trama y ellos perciben una asignación mensual. Se les atribuye la comisión reiterada de robos con fuerza en casas habitadas. Existen indicios de su participación en otros ilícitos como son el blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, contrabando, receptación, falsedades documentales, tráfico de drogas y tenencia de armas.

La mayoría de las detenciones se han producido en Madrid y localidades limítrofes. Tienen antecedentes por delitos menores, como falsificaciones o infracciones de la ley de extranjería. El dinero obtenido de sus golpes lo blanquean, entre otros métodos, vendiendo los productos. Buscan el movimiento del oro que obtienen de sus golpes, y para ello cuentan con la complicidad de dueños y trabajadores de tiendas especializadas en la compraventa de oro, en las que tienen peristas de confianza. Entre estas tiendas se encuentran tres centros de compraventa de oro que han sido intervenidos durante la operación, en la que se han practicado una treintena de registros fundamentalmente en Madrid y Valencia.

En conversaciones interceptadas a los contactos de la trama por los investigadores se deja claro la connivencia: «Nosotros, a los choros, los atendemos por la puerta de atrás para que no les enfoque la cámara», asegura uno de los propietarios de las tiendas intervenidas de compraventa de oro.

El espeleólogo granadino José Antonio Martínez, fallecido en Marruecos la pasada Semana Santa cuando practicaba montañismo en el Atlas, murió ahogado, según las conclusiones de la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal de Granada.

La autopsia descarta así el dictamen de los médicos marroquíes que examinaron el cadáver y aseguraron que la muerte se habría producido a consecuencia de una hipotermia y los golpes que el montañero recibió en la caída que sufrió mientras practicaba montañismo en la cordillera de Marruecos. Las conclusiones del Instituto granadino dan la razón a los compañeros de Martínez, que asistieron impotentes a las maniobras ejecutadas por gendarmes marroquíes cuando trataban de izar la camilla con su cuerpo en la garganta donde se produjo el accidente.

José Antonio Martínez, inspector de Policía, de 41 años, nacido en Granada y destinado en el servicio de Extranjería de la Comisaría de Almería, murió antes de ser rescatado de un cañón en el que quedó atrapado junto a dos compañeros y en el que también falleció el abogado gaditano Gustavo Virués. Un tercer acompañante, el agente de Policía Nacional Juan Bolívar, salió ileso del accidente y asistió a Martínez durante los días en que permanecieron inmovilizados hasta la llegada de los equipos de rescate.