CASI 60 millones de personas viven hoy desplazadas
de su hogar como refugiadas. Es un drama imposible
de digerir que se ha agravado hasta lo insoportable
en poco más de una década –el Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refugiados
tenía registrados 12 millones de desplazados en
2001–, como consecuencia de la multiplicación de
guerras en los puntos más calientes del planeta, sobre
todo Oriente Próximo, el África subsahariana y
algunas zonas del sudeste asiático. Tanto los que
huyen de sus países por motivos bélicos como quienes
lo hacen para tratar de dejar atrás la miseria,
protagonizan el mayor éxodo de personas en la
Historia, uno de los grandes desafíos del siglo XXI.
Europa no es ajena desde luego a esta situación
de emergencia. De hecho, el Mediterráneo se ha
convertido en un «cementerio de inmigrantes »,
como lo definió el Papa Francisco. Sólo en 2014,
219.000 personas trataron de llegar a territorio europeo
a través del mar, la mayoría huyendo de las
guerras en Siria o Libia, o de la amenaza del Estado
Islámico. Y la situación no ha hecho sino empeorar
en lo que llevamos de año. En este escenario, resulta
inaceptable la incapacidad de los líderes de
los Veintiocho para implantar medidas de choque
urgentes. En abril se celebró un Consejo Europeo
extraordinario, convocado tras la muerte de 700
personas cerca de Sicilia, que sólo sirvió para confirmar
la falta de una posición común sobre el problema
migratorio y sobre la bomba de relojería que
supone la situación en Oriente Próximo.
Los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios
volverán a reunirse en sólo unos días para abordar
este asunto. Pero nada invita al optimismo dado
que las posiciones están completamente enconadas
respecto a la propuesta de la Comisión de imponer
cuotas obligatorias de acogida de asilados. Países
como Polonia, Hungría, República Checa, Francia
o España se niegan a aceptar la obligatoriedad de
esas cuotas, tal como reclaman Alemania y otros
países del norte, advirtiendo de consecuencias
como un posible efecto llamada.
Es cierto que la ampliación del cupo de acogida
de refugiados en varios miles más no es sino un
parche que en absoluto resuelve el problema. Pero
ante la gravedad de esta crisis humanitaria, una
medida así resulta imprescindible, y el Gobierno español
debe respaldarla. A partir de ahí, la UE no
puede esperar más para desarrollar una verdadera
política común sobre inmigración; este drama no
puede ser considerado prioritario sólo en función
de la proximidad o lejanía de la costa mediterránea.
Pero, además, cuanto más tarden Europa y toda la
comunidad internacional en afrontar con decisión
el avance yihadista y el polvorín árabe, más difícil
será poner freno al éxodo desesperado de quienes
cada día huyen de la misma muerte.