donostia – El Parlamento Vasco se opondrá a la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que plantea excluir de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a diversos colectivos, como las personas sin permiso de residencia o a quienes no lleven cinco años empadronados en Euskadi. Además del Gobierno Vasco, que ya ha mostrado su criterio desfavorable, los grupos parlamentarios del PNV, EH Bildu y PSE se opondrán a la iniciativa para modificar los requisitos de acceso a la RGI, que fue registrada en la cámara autonómica a finales de noviembre por la plataforma Ayudas+Justas, promovida por el parlamentario del PP y entonces alcalde de Gasteiz Javier Maroto.

El PNV anunció ayer que votará en contra de la admisión a trámite de la iniciativa al considerar que la propuesta pretende “restringir el sistema de protección social” de Euskadi. El PNV, a través de un comunicado, expresó su respeto a los ciudadanos que apoyaron esta ILP, pero rechaza las limitaciones de acceso a la ayuda social que se plantean en ella. La parlamentaria Amaia Arregi, a través de un comunicado, recordó que esta propuesta tuvo su “origen” en unas declaraciones del actual vicesecretario de Política Sectorial del PP, Javier Maroto, en las que vinculaba “el fraude en estas ayudas con determinados colectivos de inmigrantes ”.

Arregi recordó las críticas de Maroto a las personas de origen magrebí, a las que el parlamentario del PP acusa de “vivir de las ayudas sociales” y de no querer “trabajar ni integrarse”. La parlamentaria del PNV afirmó que la ILP “solo persigue endurecer el acceso a esta prestación social” y “restringir el sistema de protección social” de Euskadi.

“los más vulnerables” Con los mismo argumentos – la exclusión de los colectivos más vulnerables – , el Gobierno Vasco también ha expresado y remitido al Parlamento su criterio contrario a la tramitación de la ILP para la modificación de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. El Ejecutivo considera que su aceptación dejaría “fuera del sistema de protección” a los sectores más “débiles” de la sociedad. En el escrito remitido al Parlamento Vasco, el Gobierno manifiesta que cualquier cambio en la RGI debe ser para “garantizar a las personas que peor lo están pasando, unos recursos mínimos para poder llevar una vida digna y evitar situaciones de exclusión social”. Además, el Gobierno Vasco cree que “no ha habido un periodo estable de implantación de la RGI lo suficientemente duradero en el tiempo como para permitir una evaluación de las medidas adoptadas”.

En su texto de rechazo de la ILP el Gobierno Vasco recuerda que “el sistema que provee la RGI no tiene parangón en el Estado” y que “la sociedad vasca está realizando un enorme esfuerzo para lograr la cohesión social que lo posibilita”. Por último revalida su compromiso con el mantenimiento de este valioso sistema de protección social.

De hecho, el Ejecutivo vasco trabaja desde hace tiempo en una revisión del sistema de ayudas sociales vigente en la CAV para mejorar su eficacia en la lucha contra la pobreza y la exclusión, para optimizar los instrumentos de control de los perceptores y para aumentar la vinculación de las ayudas con la empleabilidad de las personas beneficiarias.

Javier Maroto no se ha tomado bien el rechazo del Gobierno Vasco a su propuesta para endurecer el acceso a la RGI y lo calificó como “una tomadura de pelo” porque “en su opinión” supone “tirar a la papelera más de 37.000 firmas de ciudadanos que han dicho que hay un sistema de ayudas que les preocupa y debe mejorarse”. El vicesecretario de Política Sectorial del PP y portavoz en el Ayuntamiento de Gasteiz aseguró que esta iniciativa “no pretende hacer recortes”, sino “eliminar el fraude y el abuso”.

Pese a contar con una mayoría en contra, la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, dijo ayer que su grupo seguirá defendiendo en el Parlamento Vasco su propuesta de reforma de la RGI. Quiroga no ahorró críticas al Gobierno Vasco por oponerse a la tramitación de la ILP y afirmó que “despreciar y menospreciar a la ciudadanía son síntomas de soberbia y autoritarismo que casan mal con los tiempos que corren”.

En cuanto a los otros grupos parlamentarios que ya han anunciado su voto en contra de la admisión a trámite de la iniciativa, Eva Blanco, de EH Bildu, criticó que esta ILP pretenda “recortar” la RGI y denunció que “se trata de una proposición de ley impulsada, organizada y materializada de forma fraudulenta por el PP”, que ha tratado de “criminalizar a las personas inmigrantes pensando que la xenofobia le daría votos”. Según argumentó Blanco, la ley señala que la ILP debe tener “un carácter espontáneo y nacer de forma natural de la propia ciudadanía”, pero en este caso – dijo – “el impulso político del PP ha sido evidente”. “El PP – insistió Eva Blanco – ha vulnerado el espíritu de la ley porque podía haber presentado directamente una proposición de ley, pero, en vez de dar la cara, optó por dar prioridad a sus intereses electorales organizando la ILP sobre la RGI. El PP ha sido un absoluto irresponsable porque ha buscado su propio beneficio sin importarle que eso haya significado crear un grave conflicto social”.

el fraude como argumento El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, también expresó su respeto por los ciudadanos que han firmado la ILP, pero denunció que su “origen está en el falso debate de trasfondo xenófobo impulsado por Maroto”. En este sentido, el representante socialista rechazó que la RGI “tenga como problema el fraude y sobre todo que esas trampas se liguen a personas por razón de su origen, por ser un planteamiento claramente racista”.

En cualquier caso, el portavoz del PSE pidió al Gobierno Vasco que “combata el fraude que se pueda dar”, pero también que “garantice que ningún ciudadano que lo necesite quede sin prestación”. Según las cifras oficiales, el fraude en la percepción de las principales prestaciones sociales se sitúa en el 0,3%. Pastor añadió que el principal problema de la RGI es que “más de 65.000 familias necesitan de las Administraciones para garantizarse unos ingresos mínimos que les permitan atender sus necesidades”.

La RGI

Rentas suspendidas. Un total de 13.126 personas han visto suspendida o extinguida su Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o su Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) desde comienzo del año hasta mediados de julio.

En 2014. El año pasado Lanbide suspendió o retiró estas ayudas a un total de 24.049 personas.

Notificaciones. Entre enero y julio de este año Lanbide ha emitido 76.407 notificaciones a perceptores de la RGI y de la PCV. En todo el año pasado envió 118.094 notificaciones a perceptores de ayudas.

Controles

En una respuesta parlamentaria, el consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Ángel Toña, explicó que todas las notificaciones se envían mediante correo certificado, con plazo suficiente para ser recibidas con anterioridad a la fecha de la cita para subsanar los errores que pudieran existir en la documentación necesaria para percibir las ayudas.

El hecho de haber recogido la citación con posterioridad a la fecha de la cita es “motivo suficiente para el archivo del expediente” de suspensión o extinción.

Perceptores

66.281

Junio cerró con 66.281 perceptores, de los que 17.890 eran extranjeros.