El Parlamento vasco impedirá que se admita a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la que se pedía modificar los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), dado que los grupos de PNV, PSE y EH BIldu ya han anunciado que votarán en contra. La propuesta, defendisa desde hace meses por el entonces alcalde de Vitoria y hoy vicesecretario de Política Sectorial del PP, Javier Maroto, había reunido 37.000 firmas a través de una campaña llevada a cabo en las calles de algunas localidades vascas, fundamentalmente de Álava, por la plataforma Ayudas+Justas’, vinculada al PP. En el escrito que se daba a firmar a los interesados se pretende, entre otras cuestiones, que no se concedan estas cuantías a inmigrantes en situación irregular y reducir los años de empadronamiento para poder tener acceso a los beneficios sociales.

De forma paralela, el Gobierno vasco también ha expresado su rechazo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) destinada a endurecer los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), al considerar que su aceptación dejaría “fuera del sistema de protección” a los sectores más “débiles” de la sociedad. El Ejecutivo considera que cualquier cambio en la RGI debe ser para “garantizar a las personas que peor lo están pasando unos recursos mínimos para llevar una vida digna”.

Ante ambas situaciones, el actual dirigente del PP Javier Maroto ha señalado que el criterio contrario del Gobierno es “una tomadura de pelo” porque supone “tirar a la papelera más de 37.000 firmas de ciudadanos que han dicho que hay un sistema de ayudas que les preocupa y debe mejorarse”. “Nuestra propuesta no pretende hacer recortes, solo pretende eliminar el fraude y el abuso”, ha añadido en una nota el dirigente popular, quien ha criticado que “el resto de partidos políticos se nieguen a hablar” de esta prestación.

La propuesta para endurecer los requisitos de acceso a la RGI, una prestación destinada a los colectivos con escasos recursos económicos, se ha visto rodeada de la polémica desde su presentación por parte de Maroto, ya que estuvo precedida por las críticas del dirigente del PP a las personas magrebíes, a las que acusó de “vivir de las ayudas sociales” y de no querer “trabajar ni integrarse”.

Además, el portavoz inicial de ‘Ayudas más Justas’, Patxi Gómez, tuvo que dimitir poco después de asumir el cargo, al conocerse que estaba siendo investigado por cobros indebidos del paro e impagos a la Seguridad Social. Previamente, los promotores de la ILP habían argumentado que su propuesta tenía el objetivo de combatir el “fraude” en estas prestaciones, que según las estimaciones oficiales se sitúa en un 0,3 por ciento del volumen total de estas prestaciones.

“Una vida digna”

En el escrito remitido ahora al Parlamento, el Gobierno autonómico considera que cualquier cambio en la RGI debe ser para “garantizar a las personas que peor lo están pasando, unos recursos mínimos para poder llevar una vida digna”. Por el contrario, el gabinete de Iñigo Urkullu afirma que esta ILP “va en la línea de endurecer los criterios de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos, dejando fuera del sistema de protección al eslabón más débil de la cadena”. Además, el Ejecutivo considera que “no ha habido un periodo estable de implantación de la RGI lo suficientemente duradero en el tiempo como para permitir una evaluación de las medidas adoptadas”.

El Gobierno recuerda que “el sistema que provee la RGI no tiene parangón en el Estado”, y que “la sociedad vasca está realizando un enorme esfuerzo para lograr la cohesión social que lo posibilita”. El Gobierno vasco ha reafirmado, además, su compromiso con el mantenimiento de este “valioso sistema de protección social”.