Hace unos meses, cuando Javier
Maroto, entonces alcalde de Vitoria
y diputado autonómico del PP, elevó
al Parlamento Vasco una primera
propuesta contra los «abusos» en
el cobro de la renta de garantía de
ingresos cuyas medidas principales
eran restringir el acceso a los extranjeros
elevando de tres a cinco
años el empadronamiento exigido
y excluyendo a los que no acrediten
permiso de residencia, el resto de
partidos plantearon salir del hemiciclo
en protesta por una campaña
política que entendían «xenófoba»
tras declaraciones polémicas sobre
el fraude y los magrebíes. Maroto,
en plena carrera hacia la reelección
en la Alcaldía de Vitoria, insistió y
acompañó su reforma del sistema
de ayudas sociales con 41.208 firmas
ciudadanas que ahora se han
quedado en 37.343 tras la revisión
de la Junta Electoral. Esa iniciativa
legislativa popular (ILP), sin embargo,
recibirá el mismo portazo en la
Cámara, ya que ayer PNV, EH Bildu
y PSE-EE confirmaron su no y
que la propuesta se irá al cajón sin
ni siquiera ser admitida a trámite
para su estudio y debate.
El primero en anunciar su criterio
desfavorable a la ILP de Maroto
fue el Gobierno vasco. En un comunicado,
presentó el preceptivo
informe que acompaña a cada una
de las leyes que no parten de la
Administración. El Ejecutivo del
PNV concluye que la propuesta
del PP, canalizada por la plataforma
Ayudas+Justas, «deja fuera del
sistema de protección al eslabón
más débil de la cadena». Para el
Gobierno, que ha rechazado propuestas
para ampliar la renta de
garantía de ingresos formuladas
por EH Bildu, cualquier modificación
«debería garantizar a las personas
que peor lo están pasando
unos recursos mínimos para poder
llevar una vida digna y evitar situaciones
de exclusión social».
A partir de ahí, casi en cascada,
fijaron posición los partidos políticos,
que son los que al postre votarán
a la vuelta de vacaciones si admiten
a trámite o no la ILP de Ayudas+
Justas. El PNV, en sintonía
con el Gobierno, anunció un voto
negativo porque «la iniciativa sólo
persigue endurecer el acceso a esta
prestación social». Amaia Arregi
manifestó que la propuesta «esconde
» la idea de «restingir» un
modelo de cobertura social sin parangón
en España.
El PSE-EE también adelantó un
no, como EH Bildu. Ambos partidos
coincidieron, además, en denunciar
el poso «xenófobo» de la
iniciativa de Maroto. «Rechazamos
el fondo de la iniciativa. Esto es,
que la renta de garantía de ingresas
tenga como problema el fraude
y, sobre todo, que esas trampas
se liguen a personas por razón de
su origen», manifestó el portavoz
socialista, José Antonio Pastor. Eva
Blanco (EH Bildu) añadió: «Plantea
reducir los derechos sociales y
económicos de colectivos concretos
». Blanco señaló también que
su grupo ha propuesto incorporar
a la ley que regula las ILP una
cláusula para evitar que se puedan
emplear para «anular» derechos
consolidados.
Pese a la contudencia contra
Maroto, tanto el PNV como el PSEEE
manifestaron también su total
«respeto» a los firmantes de la ILP,
inicialmente 41.000 personas en toda
la comunidad autónoma, de
ellas 32.000 sólo en Vitoria, aunque
los datos finales son distintos. Son
conocedores de que los argumentos
del PP tienen gran arraigo en la
ciudadanía, también en parte de su
electorado. De hecho, Maroto fue
el único candidato del PP en todas
las capitales de España que mejoró
los resultados electorales en 2015
respecto a las municipales de 2011.
Maroto, que pese a ese éxito en
las urnas ya no es alcalde de la capital
vasca, puso ayer pie en pared
al conocer una noticia que ya auguró
cuando acudió al Parlamento
con los miembros de Ayudas+
Justas y las cajas de cartón
con las rúbricas. «Es una tomadura
de pelo que se tiren a la papelera
más de 37.000 firmas», denunció
Maroto, que rebajó el número
de adhesiones a su iniciativa sobre ayudas sociales tras conocer las
que han sido «validadas» tras su
entrega al Parlamento. Maroto,
que vio como su discurso en esta
materia fraguó el acuerdo político
que acabó con el PP fuera de la
Alcaldía de Vitoria, insistió en que
seguirá «luchando» por un modelo
de renta de garantía de ingresos
«más justo». «Tener unas ayudas
justas es simplemente un deber
moral. ¿Cómo es posible que el
resto de partidos políticos se nieguen
a hablar de un sistema de
ayudas que realmente preocupa a
la gente?», se preguntó el jefe de
la oposición en Vitoria, que ha
abandonado su escaño en el Parlamento
tras ser nombrado número
cuatro del PP en Génova.
En palabras de Maroto, miles de
ciudadanos «han dicho con total
claridad que hay un sistema de ayudas
que les preocupa y debe mejorarse
». Y añadió: «Nuestra propuesta
no pretende hacer recortes. Sólo
pretente eliminar el fraude y el abuso
que conocemos todos». Citó como
una necesidad el evitar que
quienes «cometan delitos» cobren
ayudas o «incorporar el requisito de
residencia legal» como «ocurre en
Suecia, Noruega, Países Bajos o Dinamarca,
países referentes en políticas
sociales avanzadas».
El dirigente del PP aludió también
a que al decaer la ILP no
prosperará una propuesta para
flexibilizar el cómputo de patrimonio
de modo que algunas personas
con fincas rústicas pero sin
recursos no queden excluidas por
Lanbide, el servicio de empleo
que tramita las prestaciones. Esa
medida ya fue aprobada en noviembre
del pasado año por el
Parlamento Vasco, aunque en forma
de proposición no de ley sin
efectos prácticos. Contó con el
apoyo mayoritario de la Cámara
(PNV, EH Bildu, PSE-EE y
UPyD), aunque el PP no votó sí.
Twitter: @ikerrioja

EN CIFRAS
66.281
Perceptores. 66.281 personas y
sus familias se benefician de la
renta de garantía de ingresos. Son
entre 619 y 880 mensuales para
quienes no tienen ingresos y un
complemento para quienes tienen
salarios o pensiones bajas.
48.391
Nacionales. El grueso de los
beneficiarios de ayudas sociales
son nacidos en España o personas
nacionalizadas. Muchos de ellos
son jubilados con pensiones bajas.
13.126
Suspensiones. Lanbide ha enviado
en 2015 13.126 notificaciones de
suspensión o extinción de la ayuda.