Así pues, el Parlament pide al Gobierno del Estado “el cierre progresivo de los CIE”, pero no solo eso. Entre otras medidas, también insta a adecuar las normas de actuación en repatriaciones “para que no se vulneren los derechos humanos”, a prohibir los controles policiales basados en el perfil étnico de las personas, a acometer reformas en los centros de acuerdo con las resoluciones judiciales –instalar baños en las celdas o garantizar toda asistencia sanitaria–, y a facilitar la entrada en los CIE del Defensor del Pueblo, diputados y entidades de derechos humanos a fin de “monitorizar” su funcionamiento.  

El objetivo de la comisión era “abrir una reflexión en profundidad sobre la política migratoria y sus implicaciones en los derechos de las personas que los sufren”, una política, según las conclusiones, basada en “el internamiento y la expulsión” y que atenta contra “la dignidad de las personas”, “el derecho a vivir en familia” e, incluso, “el derecho a la vida”. Este último se refiere a las muertes de internos como Idrissa Diallo o Aramis Manukyan, fallecimientos rodeados todavía de incógnitas y que constituyen otro de los motivos que ha alimentado  la mobilización contra estos centros.

“Este Parlamento hoy ha sido útil”, ha celebrado Gemma Calvet, diputada de ERC y presidenta de la comisión, que ha recordado que “tenemos unos marcos jurídicos que nos obligan a cumplir los derechos humanos”.

“Los CIE no son una cárcel, pero lo parecen, y los internos no han cometido ningún delito”, ha incidido desde la tribuna Sara Vilà, diputada de ICV – EUiA, que ha añadido que “esto es faltar a la propia carta los derechos humanos”. Quim Arrufat (CUP) ha valorado la votación como “un paso más contra política migratoria represiva” que, según ha recordado, afecta a toda la Unión Europea. “Hoy instamos a cerrar los CIE, pero mañana tendremos que instar a acabar con políticas de control y persecución de los movimientos migratorios”, ha sentenciado.

Todos los partidos han agradecido a los colectivos y entidades, como Tanquem els CIE, haber situado la cuestión de estos centros en la agenda política. Sólo PP y C’s, contrarios a la creación de la comisión, han criticado las conclusiones, sobre todo por el hecho de que el Parlament haga peticiones para las que no tiene competencias, dado que, en materia de extranjería, quien las tiene es el Gobierno central.