LA decisión de los ministros de Interior de la Unión Europea respecto al reparto en los Estados miembro de los demandantes de asilo que – procedentes principalmente de Siria, Eritrea e Irak – se encuentran en Italia y Grecia supone en realidad un nuevo fracaso de la UE en sus pretensiones de dictar una política común, en este caso de inmigración, frente a los intereses de los Estados.

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