Cerca de 30.000 inmigrantes en situación irregular de la Comunitat Valenciana que fueron excluidos del sistema sanitario público recuperarán la atención gratuita a partir del lunes. La Conselleria de Sanidad va a dar instrucciones para que tengan asignado un médico de cabecera y para que puedan ir al hospital si fuera necesario, incluyéndoles el tratamiento de medicinas, entre otras prestaciones.

Decreto 2012. El Gobierno convirtió a los extranjeros en asegurados, retirándoles la tarjeta sanitaria y cobrándoles tras atenderles.

Requisitos. Para la nueva tarjeta tienen que ser extranjeros mayor de edad, no tener cobertura sanitaria ni en España ni por parte de un seguro sanitario, una mutua o un tercer país al que se puede facturar y acreditar una residencia efectiva mínima previa en la Comunitat de al menos tres meses.

Cerca de 100.00 personas ‘sin papeles’ de la Comunitat perdieron el derecho asistencial hace casi tres años. Durante este tiempo, unos han regularizado su situación, pero otros muchos han retornado a sus países con la crisis económica, por lo que Sanidad estima que ahora mismo unas 30.000 personas seguirían fuera del sistema y serían los posibles beneficiarios.

El 1 de septiembre de 2012 el Gobierno central puso en marcha un polémico decreto que convirtió a los extranjeros en asegurados, retirándoles la tarjeta sanitaria y cobrándoles tras ser atendidos. La ley establecía una serie de excepciones por las cuales recibirían asistencia sin acabar con una factura: cuando entraran por los servicios de urgencia en una enfermedad grave, en embarazo, parto y postparto, y estaría garantizada la atención a menores. Sin embargo, la exigencia de firma de un compromiso de pago previo, la factura y el miedo a que ésta se ejecutase han tenido un efecto disuasorio y muchos se negaban a ir Urgencias, tal y como denunciaron las organizaciones sociales.

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, anunció ayer que a partir del lunes empezarán a introducir cambios en el Sistema de Información Poblacional (SIP) – que es la base de datos informatizada sobre los usuarios del sistema público – y se dará instrucciones al personal de administración para que vayan incorporando a los beneficiarios.

A todos ellos se les dará una tarjeta sanitaria similar a las SIP convencionales que supone acceder a la cartera común básica de servicios. Los titulares tendrán asignado un facultativo de medicina general y también accederán al hospital y al tratamiento farmacológico. La cobertura incluye la prescripción de medicamentos en receta oficial y prestaciones ortoprotésicas.

Nueva norma

Sanidad ha diseñado este cambio, que será inmediato, en colaboración con la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Svmfyc) y Médicos del Mundo, dos organizaciones que han sido muy críticas con el decreto de 2012 por los problemas que estaba generando desatención del colectivo. Ambas entidades colaborarán en canalizar a la población beneficiaria y en hacer un seguimiento de la aplicación del acuerdo.

Para acceder a esta tarjeta se han establecido una serie de requisitos: ser extranjero mayor de edad y no tener cobertura sanitaria ni en España ni por parte de un seguro, mutua o un tercer país al que se pueda factura por la atención y acreditar una residencia efectiva mínima previa en la Comunitat de, al menos, tres meses. Esta tarjeta se podrá solicitar en los centros de salud más próximos a sus domicilios y se tendrá desde el momento en que presenten los documentos acreditativos de que cumplen las condiciones.

La consellera de Sanidad aseguró ayer que en breve una norma plasmará y detallará el contenido de la medida, que no entra en conflicto de competencias con el decreto del Gobierno. Un decreto que exigirá su derogación en el próximo Consejo Interterritorial. Además, dejó claro que no supondrá una gran inversión por parte de la Generalitat, ya que se trata en su mayoría de personas jóvenes y sanas que apenas hacen uso del sistema sanitario. Por su parte, el presidente de Médicos del Mundo, Rafael Sotoca, aseguró que desde 2012 la anterior administración ha dificultado el acceso al sistema sanitario o ha exigido el pago de la atención a más de un centenar de menores y más de un millar de adultos, pero advirtió de que estos datos solo son la «punta del iceberg».