ROBERTO VILLARREAL REUS
El actual redactado de la ordenanza
de civismo de Reus, con aspectos
tan polémicos como la prohibición
de ocultar el rostro en la vía
pública –un eufemismo para evitar
el uso del burka o niqab– o las
duras sanciones a la mendicidad,
tiene los días contados. La extrema
debilidad del actual gobierno
de CiU, con sólo siete concejales
en la suma de una mayoría de 14,
ha permitido que el pleno apruebe
su derogación gracias a un frente
común con los votos de toda la
oposición.
Ante este motín, al alcalde, Carles
Pellicer (CiU), no le ha quedado
más remedio que admitir cambios
en el articulado, para lo que
ha convocado una comisión de
trabajo que se activará el próximo
1 de septiembre y que debatirá
una propuesta de texto alternativo
que deberían llevar a la negociación
los grupos municipales que
han votado a favor de la derogación.
Pellicer, que compareció ayer –
un día después de la derrota en el
plenario–, se mostró desafiante
con el bloque antiordenanza:
«Desde el gobierno estamos convencidos
de que el texto que aprobamos
es el mejor posible; la convivencia
en la ciudad puede estar
en entredicho si no se regulan
ciertos aspectos relacionados con
el orden… si se baja la guardia y
resulta perjudicada la convivencia,
será responsabilidad de los que
han votado a favor de derogar la
normativa».
La ordenanza de civismo actual
seguirá plenamente vigente hasta
que no se apruebe su modificación
o derogación tras consensuar
un nuevo texto. «En este mandato
–analizó–, la aritmética política
tanto en el pleno del Ayuntamiento
como en los consejos de administración
de las empresas municipales
puede llegar a ser muy
compleja; no habrá gobernabilidad
sin consenso y no habrá consenso
sin responsabilidad».
El lenguaje elegante y conciliador
del líder del equipo de gobierno
de Reus no oculta el escozor
que provoca su falta de costumbre
sobre un escenario en que no puede
dominar los dictámenes del
pleno. Pese a esa supuesta voluntad
de consenso, CiU advierte de
que la ciudad «sería una anarquía
» sin ordenanza de civismo y
que no se contradecirán en su discurso
con una rectificación en sus
postulados.
El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) ya notificó
en febrero la suspensión cautelar
de los artículos que impedían el
uso del burka y niqab en la vía pública,
autobuses e instalaciones
donde se ofrecen servicios municipales.
El auto del alto tribunal
estimaba que dos de los artículos
vulneran el principio de libertad
religiosa. Curiosamente, el auto
hacía referencia por error a un borrador
previo distinto al texto
aprobado finalmente: el Ayuntamiento
de Reus retiró las palabras
burka y niqab para adoptar una
fórmula más neutra y jurídicamente
más correcta.