Los recientes atentados yihadistas
ocurridos en Francia, Túnez y
otros países hicieron que España
y, en cadena, el País Vasco elevarán
su alerta antiterrorista hasta
el nivel 4 de 5. En un reciente seminario
sobre la materia organizado
en Bilbao por el Sindicato
Unificado de Policía (SUP), el comisario
de la Policía Nacional José
María Borja Moreno fue claro
sobre el riesgo que entraña también
aquí esta amenaza global:
«No hay que vivir con psicosis.
Pero mañana mismo, en una iglesia
[católica] de Bilbao, alguien se
puede poner en la puerta y cortarle
el cuello a dos. España puede
ser escenario de atentados».
Desde hace unos meses, desde
que Daesh (el autoproclamado Estado
Islámico que no es más que
una organización terrorista) proclamó
el califato y se unió en una pretendida
guerra santa a Al Qaeda,
responsable del 11-S o del 11-M, las
distintas fuerzas de seguridad se
han reorganizado internamente. La
Ertzaintza, que hace nada se quitaba
la pesada carga de la amenaza
de ETA y prometía korrikas o patrullas
a pie, ha recuperado los chalecos
antibalas y las medidas de autoprotección
(la antigua Instrucción
53 ahora es la Instrucción 79). Asimismo,
la Policía Nacional, como
adelantó EL MUNDO en marzo, ha
creado dos nuevos grupos especializados
en islamistas radicales con
personal antes centrado en ETA. La
Guardia Civil y el Centro Nacional
de Inteligencia (CNI) también trabajan
la materia.
Los servicios de información de
la Ertzaintza menguaron considerablemente
tras el final de los
atentados de ETA, hecho público
en 2011. La consejera de Seguridad,
Estefanía Beltrán de Heredia,
en el cargo desde 2012, priorizó el
refuerzo de otras áreas. Se calcula
que en la base central de Erancio
de la antigua Unidad de Información
y Análisis (UIA), ahora
Oficina Central de Inteligencia
(OCI), hay una quincena de especialistas
en terrorismo islámico,
que tienen el apoyo de analistas
de las tres delegaciones territoriales
de la OCI.
Esa avanzadilla analiza la información
sensible que llega a la Policía
vasca por distintas vías, trabaja
la relación con los confidentes
–esenciales para conocer los
movimientos en mezquitas muy
concretas como el centro salafista
de Barakaldo y en otros puntos
clave para la comunidad musulmana–
y coordina las posibles
operaciones. El cambio fundamental
respecto a la lucha contra
ETA es que la OCI ya no contará
con unidades de Investigación
propias. Serán los equipos de Investigación
Criminal que habitualmente
llevan casos de homicidios,
narcotráfico o crimen organizado
los que trabajen sobre el terreno.
En la cúpula policial se apuesta
por este modelo porque el volumen
de activistas relacionados
con el yihadismo no tiene nada
que ver con las operaciones abiertas
contra ETA y su entorno hace
unos años. Entre los integrantes
de los servicios de Investigación
Criminal, sin embargo, denuncian
que no se creen grupos especializados.
«No puede ser que hoy estemos
con un ‘narco’ y mañana
con un tema de éstos. No tenemos
formación específica», critica un
agente afectado. En la Policía Nacional,
la brigada de Información
abarca todas esas funciones.
Lo que sí tiene continuidad respecto
al modelo anterior es el grupo
ERLO, encargado de hacer seguimientos
a sospechosos. Tras el final
de ETA, estos ertzainas colaboraban
también en otro tipo de casos. Es un
grupo altamente especializado. La
estructura se completa con la Brigada
Móvil y las patrullas de Seguridad
Ciudadana, que se encargan de
realizar controles de carretera y de
tener bajo vigilancia los denominados
como puntos «estratégicos», los
lugares susceptibles de ser potenciales
objetivos terroristas.
En este escenario, la coordinación
policial resulta esencial. ¿Es
fluida entre la Ertzaintza y las
Fuerzas de Seguridad del Estado?
Desde el Gobierno vasco se ha
denunciado que el Ejecutivo central
no permita a la Policía autonómica
acceder a toda la información
antiterrorista de relevancia.
Desde el otro lado, se denuncia
que en la Ertzaintza no hay voluntad
de colaboración.
«Dos no toman un café si uno
no quiere», resume el comisario
Borja para describir las relaciones
existentes. Aunque es cierto que
en las últimas semanas ha habido
contactos para analizar los niveles
de alerta, el mando de la Policía
Nacional constata las diferencias
respecto a la relación Estado-Cataluña.
«Con los Mossos d’Esquadra,
hay reuniones trimestrales en Barcelona
y Madrid», reseña.