Van cambiando los gobiernos, pero las condiciones de los tan denunciados centros de internamiento de extranjeros (CIE) no mejoran demasiado y cada vez son más quienes lo denuncian. Estas instalaciones dependientes del Ministerio del Interior –donde son recluidos hasta un máximo de 60 días los inmigrantes sin papeles que van a ser expulsados de España mientras se formalizan los trámites de su deportación– presentan «una vulneración masiva de derechos humanos» y «funcionan como verdaderas cárceles».

Así de claro lo expresaron ayer los representantes jurídicos de cuatro campus españoles. Las universidades públicas de Barcelona, Valencia y Valladolid y la privada Universidad Pontificia Comillas (Icade-Icai) se suman a las críticas que llevan años realizando desde las ONG hasta la ONU, pasando por la Fiscalía, el Defensor del Pueblo o el Consejo General de la Abogacía Española.

Las cuatro universidades, coordinadas por Icade y el despacho de abogados Garrigues, han pasado un año elaborando el informe sobre la Situación actual de los centros de internamiento de extranjeros en España y su adecuación al marco legal vigente. Lo han hecho a través de sus clínicas jurídicas, donde los estudiantes trabajan con clientes reales supervisados por profesores y abogados que les ayudan de forma desinteresada. En el trabajo, de 233 páginas, han participado 37 alumnos de Derecho y siete profesores que analizan los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia, Las Palmas, Algeciras, Murcia y Fuerteventura desde un punto de vista jurídico y describen minuciosamente las características de cada uno de ellos.

Una de las conclusiones es que «se vulneran garantías y derechos fundamentales, en contra de lo que dicta la legislación vigente». El artículo 62 bis de la Ley de Extranjería señala que «los CIE son establecimientos públicos de carácter no penitenciario; el ingreso y estancia en los mismos tendrá únicamente finalidad preventiva y cautelar, salvaguardando los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria». Pero los autores de este trabajo dicen que se han vulnerado en estas instalaciones «el derecho a la integridad física, a la tutela judicial efectiva, a la intimidad, a un trato digno, a recibir visitas o a disponer de información». Tampoco se permite el derecho a recibir asistencia médica y sanitaria adecuada, el derecho a recibir visitas, el derecho a disponer de información, el derecho a comunicarse con familiares… todos ellos contemplados en el citado artículo 62.

«Los CIE no son muy distintos a los centros penitenciarios. Y no lo digo por su estructura arquitectónica, sino porque en ellos se produce la misma vulneración de derechos que len as cárceles», señaló durante la presentación del informe Amalia Hernández Sendín, abogada de Garrigues, coordinadora del proyecto y tutora de los estudiantes de Icade.

Es más, el estudio dice que a veces los CIE son incluso peores que las cárceles, porque en las prisiones tienen mejores instalaciones, mejor servicio de orientación jurídica o mejor sistema de traducción que en los centros para inmigrantes, que, al fin y al cabo, no han cometido más que una falta administrativa: estar en España sin la documentación en regla.

MÉDICO. El informe denuncia «la falta de implementación de servicios sanitarios permanentes». En 2011, Samba Martine murió por no tener una asistencia adecuada en el CIE de Madrid. Según el pliego rector de la licitación convocado por Interior en mayo de 2014, el servicio médico se prestará en este centro de lunes a viernes de 8.00 a 22.00 horas, pero el informe denuncia que la consulta se produce, en realidad, de 9.00 a 12.00 horas. El instrumental es «muy básico y claramente insuficiente». Y no hay controles. En el CIE de Valencia «no hay servicio de médico durante todo el día».

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS. En seis de los siete CIE «no existen mecanismos que permitan detectar la existencia de enfermedades contagiosas». En Algeciras, Fuerteventura o Madrid no se hacen análisis, a pesar de que el Defensor del Pueblo lo recomendó en 2013. En Barcelona, un interno pidió asistencia médica durante un mes porque sospechaba que tenía tuberculosis, pudiendo, por tanto, contagiar a sus compañeros de celda, que llegaron a protagonizar una huelga de hambre para ser atendidos. En Murcia no hay protocolos de actuación y en Valencia no existen medidas preventivas, siempre según el informe.

INTEGRIDAD. En el CIE de Valencia está prohibido usar cepillos de dientes; en el de Barcelona los internos acaban haciendo sus necesidades en botellas de plástico, dentro de las celdas; en el de Fuerteventura «no hay iluminación nocturna»… El informe habla de «la vulneración del derecho a la integridad que supone compartir habitación de dimensiones reducidas con numerosas personas» y sin tener los enseres mínimos y básicos para higiene o abrigo.

GRUPOS VULNERABLES. «No existe rigor en la identificación de los menores» en Algeciras. No hay mecanismos de identificación de víctimas de trata en Madrid, Valencia y Las Palmas. El de Fuerteventura «carece de módulos para familias» y en la mayoría no separan a los delincuentes de los que no han cometido delitos.

SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES. En Algeciras, algunas instalaciones cuentan con «deficiencias o notables deterioros que pueden poner en riesgo la salud y la seguridad de los internos». A los autores les ha llamado la atención la proliferación de sistemas de cierre con llave y rejas que «ponen en entredicho» los planes de emergencia (en Valencia no hay plan de evacuación). El Reglamento que desarrolla los CIE prevé que han de cumplirse las normas administrativas de habitabilidad, seguridad y salubridad. Ha habido plagas de pulgas y sarna.

COMUNICACIONES. Los autores ven «vulneración de la intimidad en las comunicaciones», que han realizarse a través de mamparas, y «restricciones en lo que se refiere al número de visitas diarias permitidas». Se prohiben los móviles y la mayoría de las cabinas está en mal estado.

Pocas cámaras y falta de defensa

El informe elaborado por las clínicas jurídicas de las cuatro universidades asegura que en el CIE de Fuerteventura «se hablaba de violencias físicas por parte de la policía, golpes de porra reservados a quien se salía de la fila obligatoria durante la distribución de comida», así como de «trato humillante en los registros» policiales en el CIE de Murcia.

Por otro lado, es frecuente, sostiene el trabajo, que no se entreguen los partes médicos a los internos ni se emitan con precisión técnica a la hora de describir lesiones.

«La ausencia del sistemas de videovigilancia en parte de las instalaciones impide verificar el correcto funcionamiento del centro, la actuación de los funcionarios o la prevención de actividades ilegales, denunciadas por los agredidos en numerosas ocasiones a las organizaciones sociales», sostiene el estudio, que pide la extensión de la videograbación a todas las dependencias del centro y que se permita al juez de control acceder a su visionado, así como «protocolos claros de actuación y derivación» en caso de lesiones a internos, conforme a las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Los expertos ven «falta de garantía de acceso a la defensa jurídica», propiciada por la «inexistencia» de operativos permanentes o procedimientos «poco adecuados» para la elevación de reclamaciones o denuncias a los jueces de control. En el CIE de Madrid «no existen registros de las quejas y denuncias realizadas» por los inmigrantes; en Algeciras, «las entrevistas con los letrados no cuentan con la suficiente intimidad»; en Valencia, «hay casos en que a los internos se les expulsa sin previo aviso», y, en Barcelona, hay «desconsideraciones e insultos por parte de algunos policías hacia los internos».

Se da la circunstancia de que el pasado enero, el Tribunal Supremo anuló cuatro artículos del Reglamento de los CIE, aprobado en marzo de 2014 (con cuatro años de retraso). Uno de estos artículos permitía los registros personales con desnudo integral . R. J. A. / o. r. s.