El ministro califica de «especialmente repugnante» el negocio de esta trama
La Verdad, , 30-06-2015El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz calificó ayer de «especialmente repugnante» el blanqueo de dinero vinculado a la explotación sexual destapado en el marco de la ‘Operación Pompeya’. Según explicó durante su visita a las dependencias de la Guardia Civil en Lleida, en esta macroperación, que está siendo coordinada por la Audiencia Nacional y ha salpicado a Murcia, ya hay al menos 61 detenidos y un fraude que rondaría los 150 millones de euros.
La operación, según explicó el ministro, se desarrolló en seis comunidades – Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, País Vasco y Navarra – y es la mayor desarrollada hasta la fecha por la Policía en España contra el blanqueo de capitales vinculado a la explotación sexual de mujeres. El ministro estuvo acompañado en esta visita por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y posteriormente mantuvo una reunión con los altos mandos. «Ustedes saben que en el Ministerio del Interior tenemos un principio, que es que con la trata de seres humanos no hay trato y en este contexto se desarrolla esta operación», subrayó Fernández Díaz.
Coordinada por la Audiencia Nacional, la ‘Operación Pompeya’ sigue abierta y bajo secreto de sumario. En ella participan, según precisaron fuentes del Ministerio de Interior, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo. «Se estima que el pago por los servicios correspondientes se efectuaba al parecer a través de tarjetas de crédito blanqueando ese servicio por el método de atribuirlo a otros conceptos, que no serían los correspondientes a esas prestaciones sexuales», explicó Fernández Díaz.
Según el ministro del Interior, ésta es una modalidad de blanqueo de capitales novedosa respecto a las fórmulas a las que ya se habían enfrentado los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Fernández Díaz recalcó que, en todo caso, lo que se está persiguiendo es fundamentalmente ese fraude fiscal que, remarcó, puede superar los 150 millones de euros.
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