Todos los Estados miembros participarán en la reubicación en un plazo de dos años de las 40.000 personas demandantes de asilo que han llegado a Italia y Grecia (la mayor parte de ellos, eritreos y sirios) y «todos los Estados miembros» participarán en el reasentamiento de 20.000 refugiados en terceros países pendientes de acogida en Europa.

Este es el máximo compromiso al que parecen haber llegado los líderes de la Unión Europea después de haber dado un sonoro portazo al régimen de cuotas obligatorias planteado por la Comisión Europea.

Tras el fracaso de esta iniciativa, lo más que ha logrado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, es incluir en el borrador de conclusiones que hoy debe ser ratificado por los líderes de la Unión Europea el compromiso de que entre «todos» se harán cargo de las 60.000 personas pendiente de acogida. El borrador de conclusiones, además, establece que «de aquí a finales de julio» todos los estados miembros llegarán a un acuerdo «sobre la distribución de esas personas».

«Puedo entender a los que quieren un mecanismo voluntario pero solo pueden ser creíbles si se asumen compromisos precisos y significativos para finales de julio», declaró Tusk a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que finaliza hoy en Bruselas.

La Comisión Europea había propuesto repartir los refugiados llegados a Italia y Grecia entre el resto de Estados miembros mediante un sistema de cuotas obligatorias basadas en criterios como el PIB, la población, el nivel de paro y los esfuerzos anteriores en materia de peticiones de asilo.

Solo Roma y Atenas apoyan este sistema. Alrededor de una decena de países, entre los que están España, Portugal y los del este piden que el reparto sea voluntario, mientras que otro grupo de Estados miembros, liderado por Alemania y Francia, aceptan las cuotas obligatorias pero con otros criterios de reparto.

Tusk reconoció el jueves que no existe consenso entre los Veintiocho para aceptar cuotas de asilo obligatorias, pero recalcó que un sistema voluntario no puede ser la excusa para no hacer nada y dijo que el Consejo Europeo debe mandar un «mensaje fuerte». Según su presidente, «la solidaridad sin sacrificio es pura hipocresía. Ahora no necesitamos declaraciones vacías sobre solidaridad sino solo hechos y números».

La UE también prevé prestar «inmediatamente» ayuda financiera reforzada a los países situados en primera línea para paliar el coste de la recepción y tramitación de las solicitudes de protección internacional. Con la ayuda de la agencia Frontex y de Europol, se fijarán «procedimientos rápidos de identificación» para determinar «quiénes necesitan protección internacional y quiénes no»; en definitiva, quiénes son inmigrantes políticos o económicos.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió ayer que la política europea en materia de inmigración conceda prioridad a la cooperación con terceros países en la lucha contra las mafias migratorias, como clave para poner freno a la tragedia que se vive en el Mediterráneo. «Hay que aumentar la cooperación con los países africanos, es evidente que mientras la gente no pueda vivir en su país en condiciones mínimas, va a querer ir a otros países», explicó Rajoy en declaraciones a la prensa.

El presidente español también abogó por una mayor colaboración con los países de origen de los inmigrantes, tanto para que cuenten con mayores medios para controlar la salida de inmigrantes irregulares como para reforzar su capacidad de luchar contra las mafias.

El retorno, la readmisión y la reintegración y la cooperación son los aspectos que, junto a la reubicación y el reasentamiento de refugiados políticos aborda el borrador de conclusiones del Consejo Europeo.

En él se establece que la alta representante Federica Mogherini ponga en marcha diálogos de alto nivel con los países de origen de los migrantes irregulares para avanzar en todos estos aspectos.