LOS Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son espacios públicos de carácter no penitenciario en el que se retiene a personas extranjeras hasta sesenta días para facilitar su expulsión. Esta es la definición oficial, pero testimonio a testimonio hemos ido construyendo la verdadera realidad de estos agujeros del estado de Derecho. El porcentaje de expulsiones (se expulsa a poco más del 50% de las personas internas), la opacidad que envuelve su gestión y las condiciones de internamiento denunciadas en multitud de ocasiones, dibujan una función que excede con mucho esta medida cautelar: el establecimiento de mecanismos de control de las fronteras a través del miedo. Miedo a tropezar con un control de identidad y que se trunque tu vida tal y como la conoces. El hecho de no tener permiso de residencia o haber caído en situación de irregularidad supone una falta administrativa, pero en la práctica es castigado con la expulsión del territorio y una prohibición de entrada al mismo, medida totalmente desproporcionada frente a la sanción administrativa correspondiente. La Ley de Extranjería, al amparo de las directivas europeas, como la Directiva de Retorno, llamada de la vergüenza, permiten privar de libertad a las personas por la mera decisión de una autoridad administrativa mediante el internamiento en centros especiales hasta 18 meses, a la espera de que se ejecute o no la deportación, una espera sin duda angustiosa y que se agrava con unas condiciones de reclusión que socavan la dignidad humana. Lo cierto es que estos CIE han pasado desapercibidos durante demasiado tiempo, no ocupan portadas ni abren los informativos como las imágenes de las barcas llegando a costas europeas o las detenciones de personas extranjeras, y es que el tratamiento mediático de las migraciones forma parte de la estrategia de control fronterizo. Por eso es tan importante sacar a la luz lo que ocurre ahí dentro y tejer redes de apoyo que tan necesarias son ante situaciones de impotencia cuando detienen o deportan a alguien y se lo llevan a otra ciudad, como ocurre con las personas de aquí que son internadas mayoritariamente en el madrileño CIE de Aluche.

Desde SOS Racismo queremos seguir denunciando las políticas migratorias que funcionan exclusivamente como mecanismo de ajuste de los mercados laborales. Mientras nos venden control de flujos migratorios, aplican leyes xenófobas que violan sistemáticamente derechos humanos fundamentales, no solo al otro lado de la frontera, sino también aquí al lado. Los controles de identidad racistas que ocurren a diario en nuestros barrios y en nuestras calles se convierten muchas veces en la antesala del internamiento en estos CIE, un internamiento sometido a condiciones terribles: hacinamiento, deficiente atención sanitaria y jurídica, maltratos, abusos, celdas de aislamiento y un largo etcétera de situaciones que incluso han provocado la muerte de compañeros y compañeras como Amani, Mohamed o Samba. Y en esta maraña de prácticas discriminatorias y políticas criminales de control y expulsión se han consolidado como habituales los vuelos de la vergüenza. Durante 2014 el Ministerio de Interior fletó en solitario o en colaboración con Frontex 134 vuelos en los que expulsó a 3.737 personas extranjeras a su país de origen. Cuando la Policía Nacional tiene conocimiento de la existencia de uno de estos macrovuelos, inicia las actuaciones de persecución discriminatoria de las personas del país de destino. En caso de que no haya ya suficientes en los CIE para llenar ese vuelo se ponen en marcha otros mecanismos, como redadas por perfil étnico y otros más sofisticados y menos visibles.

A estas cifras debemos añadir las deportaciones al uso: las realizadas en coche, barco o en vuelos comerciales. Durante las expulsiones las personas son, por lo general, llevadas a la fuerza por agentes de policía, generando situaciones de violencia policial, algunas amparadas por el protocolo de repatriaciones que permite llevar a las personas atadas durante horas con bridas, o incluso sedadas. Si esto ocurre en viajes regulares, imagínense qué puede ocurrir en vuelos especiales en los que solo viajan personas deportadas. Como vemos, el panorama en cuanto a expulsiones es dantesco, pero lo terrible es el amparo jurídico del que goza y la impunidad ante las constantes vulneraciones de derechos. Por todo ello, un año más nos sumamos al día contra los Centros de Internamiento, que tuvo lugar el pasado 15 de junio, e invitamos a toda la ciudadanía a participar en los actos que tendrán lugar hoy viernes, en la plaza de Navarrería, a partir de las 19.00 horas, para hacer visible lo invisible, para exigir su CIErre definitivo y recordar alto y claro que las personas no somos ilegales, ilegítimas son las leyes que vulneran derechos y libertades.