Hace unos días, el Papa habló sobre el cambio climático y los aspirantes católicos a las primarias republicanas empezaron a repensar cómo tratar el tema para que no afectase a sus electores. Después del asesinato de nueve feligreses en la histórica iglesia Emanuel en Charleston (Carolina del Sur), los candidatos suman nuevas dificultades para armar un discurso que no les haga perder posiciones en la carrera presidencial especialmente en el Sur.

¿Apoyo a la retirada de la bandera que ondea en el monumento al soldado confederado en Columbia? ¿Es hora de afrontar un cambio legislativo sobre las armas? ¿Qué hacer con los donativos que provienen de grupos que defienden la supremacía blanca? Estas cuestiones han saltado a la agenda de campaña y ponen de manifiesto lo difícil que es ser el mejor candidato para ganar las primarias entre los republicanos.

Mientras líderes de Charleston reclamaban que la bandera confederada fuera retirada y en los alrededores del monumento se concentraban los ciudadanos con carteles «no es mi bandera», buena parte de la docena de aspirantes republicanos se puso de perfil este fin de semana.

La mayoría apuntó que deben ser los ciudadanos de Carolina del Sur los que decidan qué hacer con este símbolo de la guerra civil y con connotaciones racistas. Es el caso de Rick Santorum, Mike Huckabee o Ben Carson. Este último señaló que «algunas cosas son incendiarias», pero que la gente del estado debería «sentarse a hablar y tener una conversación inteligente» sobre el tema.

El candidato a la Casa Blanca y senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, ponía el acento «en el uso racista» que se hace del estandarte y recordaba que «es parte de lo que somos». Tras el acuerdo alcanzado por los legisladores en el año 2000, la bandera confederada fue retirada de la cúpula del Capitolio. Pero a cambio, se acordó que ésta permanecería ondeando en el monumento al soldado confederado y sería intocable sin previo acuerdo político. Fuentes próximas al senador Graham señalaron anoche iba a defender públicamente su retirada de los alrededores del Capitolio estatal. Anoche, la gobernadora Nikki Haley compareció ante los medios y anunció el acuerdo político por el que ordena retirar la bandera confederada de los alrededores del Capitolio estatal.

Quien también evitó tomar partido por mantenerla o retirarla fue Marco Rubio. Ante la información publicada por el Huffington Post de que Rubio había apoyado un decreto en 2001 para proteger la bandera confederada en Florida (cuando era congresista y que al final no prosperó), su equipo de campaña se apresuró a matizar que «copatrocinó» la iniciativa porque significaba proteger «monumentos de guerra».

La propuesta de llevar el estandarte a un «museo, donde pertenece», partió del entonces gobernador de Florida, Jeb Bush. El hoy candidato a la Casa Blanca emitió un comunicado el sábado confiando en que Carolina del Sur «hará lo correcto».

Los asesinatos en Charleston y la motivación racista del presunto autor, Dylann Roof –que confesó a los agentes haber disparado el miércoles y es propietario de una web donde figura un manifiesto racista–, han puesto sobre la mesa el crítico asunto de las donaciones.

Según desvelaba The Guardian, Earl Holt, presidente del Consejo de Ciudadanos Conservadores –un grupo que defiende la supremacía blanca y en el que supuestamente se inspiró Roof–, ha hecho donativos a las campañas de Rick Santorum, Rand Paul y Ted Cruz. Desde el equipo de campaña del senador Cruz confirmaron que devolverá «de inmediato esas donaciones», que ascenderían a 8.500 dólares y que fueron realizadas entre 2012 y 2014.

Desde el cuartel general de Rand Paul, un portavoz señaló que enviarían los 2.250 dólares recibidos en 2012 y 2013 al «fondo Madre Emanuel para atender a los familiares de las víctimas». La campaña de Santorum, según consta en los registros, obtuvo 1.500 dólares.

Otro de los debates reabiertos, pero donde los republicanos se mantienen inquebrantables es en su oposición al control de armas. Una de las batallas más frustrantes para el presidente Obama, desde que inició su particular movimiento en 2012 para cambiar la legislación.